–«La justicia decente ha capturado al exmagistrado Petrelt, representante de la extrema derecha dentro de la justicia pero tambien criminal por su accionar», comenzó diciendo el presidente Gustavo Petro en un trino este domingo, el más extenso que haya publicado en su histórica gobernanza a través de la red Twitter, sobre la condena y captura, en la ciudad de Montería, de Jorge Ignacio Pretelt Chaljubd por la Corte Suprema de Justicia este sábado..

El jefe del Estado hizo el pronunciamiento terminando este domingo su visita a España y Portugal.

Ha terminado una gira de Estado buscando un puesto de vanguardia de Colombia en el mundo. pic.twitter.com/HpillO8UCH

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 7, 2023

El jefe del Estado afirma que «el magistrado criminal que supuestamente acaparó ilegalmente tierras, abaratadas por el paramilitarismo, nos muestra de frente un tema central de nuestro país: La cooptación de sectores de la justicia y del Estado por el crimen, y la impunidad como eje central del fortalecimiento del delito».

Recuerda que inició sus debates parlamentarios «precisamente demostrando la cooptación de la cúoula de la fiscalía de Luis Camilo Osorio por el paramilitarismo» y agrega: «Allí encontré como funcionaba esa maquinaria entre los ejércitos del narcotráfico y su protección y uso por sectores del poder político y del Estado».

Subraya que «la amplificación del crimen y del genocidio en el país tiene como origen la articulación entre organizaciones criminales y parte del Estado y la política. Tenemos criminales con poder político. El efecto de un régimen así son los altos niveles de impunidad que hacen descréer de la justicia y expanden en el tiempo una violencia sin límites».

Puntualiza que «la paz pasa entonces por la Verdad y por la derrota de la impunidad», advirtiendo que «este gobierno debe colocar como prioridad de su ejercicio transformador la derrota de la impunidad».

Y concluye que para ello convocará el Consejo Nacional de Política Criminal, sentenciando: «La corrupción y su hermana gemela: la impunidad, deben ser derrotados en Colombia».

EL CASO PRETELT

Como lo informamos oportuna y ampliamente aquí en la web www.radiosantafe.com, este sábado 6 de mayo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 6 años y medio de prisión contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB y ordenó su captura, la cual se hizo efectiva en Montería en momentos en que celebraba su cumpleaños 61, para que cumplia en centro carcelario la sentencia, como responsable del delito de concusión.

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, explicó que en el expediente quedó probado que el 18 de octubre de 2013, el entonces magistrado PRETELT CHALJUB solicitó al abogado VÍCTOR ARTURO PACHECO RESTREPO, apoderado de FIDUPETROL, la suma de $500’000.000, con el fin de adelantar gestiones al interior de la Corte Constitucional para sacar «airosa» una acción de tutela promovida por FIDUPETROL contra un fallo dictado en su contra por la Sala de Casación Penal, que le obligaba a pagar a favor de la Gobernación del Casanare, $22.500’000.000 más intereses del 10,5% anual. El encuentro se realizó en el apartamento del magistrado en la ciudad de Bogotá, antes de asistir a una reunión en el Club El Nogal organizada por PRETELT CHALJUB, a la cual estaba invitado PACHECO RESTREPO.

La decisión, adoptada por unanimidad con la participación de cuatro conjueces, ratifica la pena de prisión en centro carcelario impuesta por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, pero modifica la pena de multa, fijándola en el equivalente a 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos y reduce la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término de 64 meses y 15 días.

Según la sentencia, se demostró que con el propósito de «echar por tierra» la millonaria condena impuesta por la Sala de Casación Penal en contra de FIDUPETROL, JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB le presentó a PACHECO RESTREPO una «fórmula» u hoja de ruta para el éxito de la gestión, que incluía que FIDUPETROL contratara los servicios profesionales del exmagistrado de la Corte Constitucional RODRIGO ALONSO ESCOBAR GIL para que continuara el trámite de la acción de tutela, en ese momento en revisión ante la Corte Constitucional, y supuestamente entregar prebendas a personas que integraban el núcleo familiar del magistrado a cargo del asunto.

El fallo explicó que ese contexto fáctico permitió escindir dos escenarios distintos: (i) las influencias de FIDUPETROL para la selección de la tutela por parte de la Corte Constitucional, y (ii) la solicitud concusionaria, realizada inmediatamente después de la selección de la tutela para su revisión, con el fin de obtener un fallo favorable a los intereses de FIDUPETROL. En el primero, tuvieron participación activa algunos

directivos de la fiduciaria y el abogado asesor VÍCTOR ARTURO PACHECO RESTREPO, personas que aceptaron responsabilidad por el delito de tráfico de influencias de particular y fueron condenadas. En el segundo, donde intervino JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB al solicitar la suma de $500’000.000.

A juicio de la Corte, PRETELT CHALJUB incurrió en el delito de concusión, puesto que, con abuso del cargo de Magistrado de la Corte Constitucional, realizó solicitud indebida para viabilizar un resultado positivo en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por FIDUPETROL, comportamiento que se identifica con la modalidad de concusión «implícita», según la cual, la petición se supone obligatoria para la víctima, por la posibilidad fundada de recibir un perjuicio en el evento de no acceder a lo pretendido, en razón al poder que el agente detenta.

La Sala de Casación Penal precisó que el punible de concusión se consuma cuando se realiza la exigencia dineraria o de cualquier otra utilidad indebida, bien sea que se efectúe de manera directa, o sutil, o mediante amenazas, instante en el que «se menoscaban la dignidad, moralidad, integridad, pulcritud, confiabilidad y transparencia de la administración pública, cuyos valores deben imperar en los funcionarios y sus actos».