La construcción del puente peatonal, ubicado en el sector de Santa Ana, en Usaquén, ha sido un verdadero calvario. El contrato, por un valor de $10.800 millones, fue adjudicado en marzo de 2020 al consorcio Infraestructura 2020, conformado inicialmente por las firmas Infraestructura y Vías, GCS Constructores, Marlin Ingeniería y por el constructor Jesús Vargas Rodríguez. El plazo de ejecución establecido fue de 11 meses, contados a partir de diciembre de ese mismo año, fecha en la que comenzaron los trabajos. En teoría, el puente debía ser entregado en octubre de 2021. Sin embargo, después haber solicitado dos prórrogas y una adición presupuestal, a finales de 2021 los contratistas solicitaron al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) la cesión del contrato argumentando dificultades financieras que les impedían cumplir con el cronograma.
Tras este primer tropiezo, el proyecto fue asumido en mayo de 2022 por tres nuevas empresas: Civiltech –que desde el inicio de la obra había sido subcontratada para proveer la estructura metálica–, Pacific Constructors y Mega Andina de Inversiones. Estas firmas, que también solicitaron una prórroga y una adición presupuestal, se habían comprometido a entregar el puente peatonal a más tardar este 20 de mayo, fecha en la que finalizaba el contrato. Sin embargo, ante sus pocos avances, el IDU solicitó un informe a la interventoría del proyecto, que concluyó, entre otras cosas, que el nuevo contratista no contaba con la maquinaria ni con la plantilla necesarias para realizar los trabajos, lo que podría llevar a nuevos retrasos e incluso a la paralización de la obra.
Este informe fue la base para que el IDU tomara finalmente la decisión de declarar la caducidad del contrato e imponer al consorcio una penalidad equivalente al 30% del valor del contrato, que asciende a $3.250 millones. Esta la primera sanción de este tipo que impone el IDU en el caso de los incumplimientos en la entrega de las obras por valorización contratadas en 2020. Cabe recordar que de las 16 que fueron adjudicadas en ese momento, todas presentan retrasos y solo una ha sido terminada: el ciclopuente del canal Molinos sobre la Autopista Norte.
La liquidación del contrato para la construcción del puente peatonal obliga al IDU a buscar a un nuevo contratista, lo que implicará más retrasos en una obra que los vecinos de Usaquén llevan esperando años. “Este es quizá el ejemplo más crítico del desastre que han supuesto las obras por valorización y tiene que llevar a una reflexión profunda sobre qué se debe cambiar en las fases de contratación, construcción y supervisión de las obras para que estas situaciones tan lamentables no se sigan presentando”, señaló la concejal Gómez. “Si estos son los tiempos hoy en Bogotá para la construcción de obras menores, ¿qué podemos esperar de los mega proyectos que se vienen, como el Corredor Verde de la Séptima o el Metro?”, concluyó.
