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Defensoría urge atención a comunidad de Puerto Escondido, Córdoba, afectada por una enorme falla geológica

–Un llamado urgente hizo la Defensoría del Pueblo a las autoridades competentes para que atiendan la grave contingencia y protejan los derechos fundamentales a la vida, salud, vivienda digna, seguridad alimentaria y educación a la comunidad del municipio de Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba, amenazada con desaparecer por una gigantesca falla ecológica.

También solicitó la actualización de los planes de gestión del riesgo, el cumplimiento de los estándares de protección efectiva de las comunidades del municipio y la consolidación del censo de los afectados para que les sean entregadas las ayudas humanitarias.

Tras el sismo del pasado 24 mayo, movimiento que se sintió en buena parte de la geografía nacional, y lo registrado el 29 del mismo mes en Puerto Escondido, Córdoba, un equipo de la Defensoría del Pueblo se desplazó hasta ese municipio para revisar las condiciones y afectaciones derivadas de los fenómenos geológicos.

La población está bajo alerta roja por aparición de grietas y fenómenos asociados a la actividad volcánica en su territorio, lo que obligó, además, a declarar la calamidad pública en el municipio y a la evacuación preventiva de al menos 150 familias.

El secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Jairo Baquero, señaló que la zona es de alto riesgo y ese riesgo no es mitigable, es decir, no podemos realizar obras para contener la naturaleza.

Explicó que el fenómeno surgió como consecuencia del sismo que se presentó el pasado miércoles en la región de Urabá y afectó el volcán de lodo que, históricamente, ha existido en el territorio.

El fenómeno natural, según cálculos de las autoridades, afectó 40 hectáreas de tierra, hay una grieta a unos 350 metros del casco urbano. Las imágenes difundidas por los pobladores en redes sociales dan cuenta de viviendas afectadas, árboles caídos y cultivos destrozados.

Frente a este panorama, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis hizo «un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que, de forma articulada, asistan la contingencia provocada por los movimientos telúricos de los últimos días en Puerto Escondido. Invocamos la salvaguarda del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en congruencia con la protección de los derechos fundamentales a la vida, salud, educación, seguridad alimentaria y vivienda digna”.

Los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo estuvieron en el albergue temporal, en el Centro de Vida del Cerro Santacruz, donde en este momento hay quince familias que se vieron obligadas a evacuar sus viviendas.

“Sobre este punto en particular, hago un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que acompañe los procesos a los que haya lugar, dada la presencia de niñas y niños en el albergue”, solicitó Carlos Camargo Assis.


Para definir una línea de acción que permita atender la emergencia, la Defensoría del Pueblo, así mismo, participó en el Puesto de Mando Unificado Ampliado que fue realizado este 31 de mayo en las instalaciones de la Alcaldía de Puerto Escondido y del que formaron parte distintas entidades.

“Exhorto a los concejos locales, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que actualicen los planes de gestión del riesgo y den cumplimiento a los estándares de protección efectiva de los derechos de las comunidades”, precisó el Defensor del Pueblo.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en que las autoridades municipales y departamentales deben censar, cuanto antes, a la población potencialmente afectada para que le entreguen de manera oportuna las ayudas humanitarias.

“Insistimos en que los albergues temporales deben garantizar el bienestar de las comunidades. Reitero el compromiso y acompañamiento continuo de esta institución nacional de derechos humanos a todas las comunidades afectadas, y reitero la necesidad de aunar esfuerzos interinstitucionales que tiendan a la garantía efectiva de los derechos de las familias que se vieron en riesgo y tuvieron que abandonar sus viviendas”, puntualizó el Defensor del Pueblo.