–La multinacional carbonera estadounidense Drummond Ltd. respondió este miércoles a la decisión de la Fiscalía colombiana de confirmar, en segunda instancia, las acusaciones contra el actual presidente de la compañía José Miguel Linares Martínez y el expresidente de la misma, Augusto Jimenez, por supuestamente financiar a los extintos grupos paramilitares que operaron en el departamento del Cesar.

En un comunicado, la Drummond indica que «estas acusaciones no están sustentadas en pruebas creíbles y se basan, principalmente, en declaraciones falsas de delincuentes convictos, que recibieron pagos por su testimonio».

Añade que lo que existe en contra de Drummond es un cartel de falsos testigos, promovido por un abogado norteamericano y abogados colombianos, que demandaron a la empresa en Estados Unidos, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, lo que han logrado es que estos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía y ante la JEP.

La Drummond reafirma su apoyo y confianza en José Miguel Linares y Augusto Jiménez, y señala que continuará apoyándolos plenamente en la fase del juicio de este asunto.

«Drummond confía en que cuando se presenten todas las pruebas se demostrará la inocencia de sus ejecutivos ante los tribunales judiciales correspondientes», concluye el comunicado.

Al reportar su decisión, la Fiscalía General de la Nación advirtió que «hay abundante material de prueba que da cuenta de la presunta responsabilidad de los dos directivos en el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley, conducta que fue declarada de lesa humanidad».

Igualmente destacó que el fiscal del caso, adscrito a la Dirección de Justicia Transicional, estableció que Linares Martínez y Jiménez Mejía, entre 1996 a 2001, habrían aumentado el valor de un contrato suministro de alimentos con una empresa proveedora para obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De esta manera, subrayó, al parecer, garantizaron la protección de sus bienes y ejercieron con libertad la operación minera de carbón en el departamento del Cesar.

Finalmente la Fiscalia indicó que el proceso se sigue en atención a los lineamientos definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).