Nacional Política

ONU: La violencia en Colombia continúa perturbando la vida de los civiles y socavando la paz

–Aunque reconoce avances en la implementación del Acuerdo de Paz y destaca el énfasis en el diálogo para buscar soluciones y responder a las dinámicas de conflicto en constante evolución, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres advierte que la violencia persistente por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales continúa perturbando la vida de los colombianos y socavando la consolidación de la paz en varias regiones.

Las precisiones corresponden al informe, que será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, el próximo 12 de Julio, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en el cual, además, llama la atención del gobierno colombiano de que sigue sin llevarse a cabo el anunciado nombramiento de un alto funcionario dentro de la Presidencia de la República para liderar la implementación del Acuerdo, algo que, “sin duda, ayudaría a acelerar el progreso”.

Sobre la violencia que persiste en el país, el documento reseña la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 22 masacres (siete verificadas, 12 en proceso de verificación y tres no concluyentes). Los casos verificados involucraron un total de 24 víctimas (cuatro mujeres y cinco niños).

Igualmente precisa que entre enero y mayo de 2023, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 19.976 desplazados forzados y 18.789 confinados en 14 departamentos y 38 municipios, principalmente en Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Y puntualia que los indígenas y los afrocolombianos siguen viéndose desproporcionadamente afectados.

Para el Secretario General esta violencia persistente subraya la importancia de las iniciativas de paz.

“Elogio una vez más la determinación del Gobierno de buscar soluciones para responder a estas dinámicas de conflicto en constante evolución, especialmente su énfasis en el diálogo. Particularmente dignos de mención son los recientes resultados alcanzados en la mesa de negociación entre el Gobierno y el ELN. Confío en que las partes continuarán mostrando determinación y buena fe en la implementación de los acuerdos alcanzados en Cuba y que los próximos ciclos conducirán a nuevos acuerdos en beneficio de todos los colombianos y las colombianas”, indicó.

El Secretario General también saluda en su informe avances en varios puntos del Acuerdo, así como la aprobación de políticas y legislación claves, y la asignación de recursos con el fin de acelerar la implementación, y destaca los acuerdos logrados sobre cese al fuego y la participación de la sociedad en la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Además, el informe destaca el hecho de que, la paz en general, y el Acuerdo Final, en particular, sean hoy prioridades del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso y elaborado con amplia participación de la sociedad colombiana. El Plan incluye cerca de 50 referencias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz. El informe también hace especial mención de los avances legislativos relacionados con la implementación de la reforma rural integral, como la aprobación de la Jurisdicción Agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en la Constitución. Así mismo subraya la aprobación de medidas para promover la participación de la mujer en la política y en cargos del Estado.

Resalta que entre los avances en la implementación del Acuerdo se mencionan los mecanismos para acelerar la compra de tierras con fines de Reforma Rural Integral, el catastro multipropósito y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). También los resultados concretos alcanzados en relación con la compra y formalización de tierras, particularmente la realizada en el marco del convenio entre el Gobierno y Fedegán. “Confío en que las tierras puestas a disposición hasta ahora para fines de reforma rural se entreguen pronto a sus beneficiarios previstos, incluidas las víctimas y las mujeres rurales, junto con el apoyo necesario para garantizar el éxito a largo plazo, como acceso a crédito y asistencia técnica”, señala el Secretario General.

En relación con el capítulo étnico saluda el trabajo del Gobierno para priorizar las necesidades de los pueblos indígenas y afrocolombianos en temas como la implementación de los PDET, el fortalecimiento de la participación, la reparación colectiva, la restitución de tierras y el retorno de los pueblos étnicos a sus territorios. El Secretario General insta al Gobierno a redoblar esfuerzos para abordar la exclusión y la desigualdad históricas. Señala que la violencia continúa afectando a comunidades indígenas y afrocolombianas.

El informe destaca los avances de la justicia transicional en varios macro casos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y menciona avances en la preparación del Estado para proveer las condiciones para la implementación de sanciones propias. Así mismo, resalta la importancia de la continua cooperación entre la JEP y otras entidades del Gobierno y el Estado, así como del compromiso de los comparecientes para cumplir con sus obligaciones, y señala que las primeras sanciones propias sin duda contribuirán a brindar justicia, verdad y garantías de no repetición a las víctimas. Adicionalmente, el Secretario General condena enérgicamente las amenazas contra los magistrados de la JEP, y las amenazas y actos de violencia contra víctimas y comparecientes.

En materia de reincorporación destaca la estrategia de sostenibilidad aprobada por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) para los proyectos productivos colectivos, y el hecho de que el Gobierno ha agilizado los procedimientos y recursos para el acceso y compra de tierras para excombatientes, especialmente para proyectos productivos. Hoy, la mitad de los 24 antiguos ETCR están ubicados en tierras adquiridas por el Gobierno.

El informe reconoce la ampliación de la atención para incluir a los excombatientes dentro y fuera de los AETCR. A la fecha, 10.564 excombatientes en total (2.575 mujeres) adelantan sus procesos de reincorporación individual y colectiva fuera de los AETCR, en 605 municipios y 75 áreas de reincorporación colectiva. Hasta el momento, el 77% de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos, 62% de ellos individuales. El porcentaje de mujeres excombatientes que participan en proyectos productivos es del 86%.

En el marco de la reincorporación política, el informe subraya que el Partido Comunes estudia posibles candidatos para las próximas elecciones departamentales y municipales, y que se espera que unos 500 excombatientes se presenten, bien a través del partido o a través de coaliciones y otros partidos. Por ello pone en evidencia que se han presentado ataques y amenazas contra excombatientes que buscan participar en las elecciones y exige mayores esfuerzos institucionales para garantizar su participación. Además, solicita realizar esfuerzos específicos para proteger y promover la participación política de las mujeres excombatientes. En relación con las elecciones de octubre, el Secretario General Insta a las autoridades “a tomar todas las medidas necesarias para preservar uno de los dividendos más tangibles del Acuerdo, a saber, la celebración de elecciones cada vez más pacíficas y participativas”.

Durante el periodo del Informe, doce excombatientes (todos hombres) fueron asesinados en ocho departamentos. Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado 375 asesinatos de excombatientes (11 mujeres, 54 afrocolombianos y 35 indígenas); 129 tentativas de homicidio (10 mujeres), y 32 casos de excombatientes dados por desaparecidos (todos hombres). El informe menciona que, a pesar de los esfuerzos realizados para avanzar en la reincorporación, la violencia sigue poniendo en peligro el proceso, y destaca que, ante las denuncias de los excombatientes sobre amenazas en el antiguo ETCR de Mesetas, Meta, en marzo pasado, el Gobierno respondió rápidamente para atender su situación.

También resalta la importancia de los esfuerzos ampliados para extender la presencia del Estado de manera que proteja a las comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales, y de igual manera, confía en que la política de seguridad y defensa recientemente adoptada conduzca a mejoras significativas y sostenidas en la protección de las comunidades afectadas por el conflicto. El Informe llama la atención que sigue sin llevarse a cabo el anunciado nombramiento de un alto funcionario dentro de la Presidencia para liderar la implementación del Acuerdo, algo que, “sin duda, ayudaría a acelerar el progreso”.