El jefe de la misión de la ONU para la verificación de los Acuerdos de Paz en Colombia manifestó este miércoles ante el Consejo de Seguridad su preocupación por el aumento de la violencia contra excombatientes que depusieron las armas en el marco de dichos pactos y dirigentes campesinos.

«Es preocupante la persistente violencia contra los excombatientes», dijo Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para la verificación de dichos acuerdos. Solo en los últimos días han sido asesinados cinco, recordó.

La violencia también afecta a los dirigentes campesinos y a los solicitantes de tierras a «medida que avanza la aplicación de la reforma rural», alertó y recordó los «obstáculos» contra los funcionarios del gobierno que trabajan en ella.

Tras instar al gobierno a «hacer mucho más para proteger» a estos colectivos, Ruiz Massieu reclamó el prometido nombramiento de un alto funcionario para supervisar la aplicación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016.

El Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó este miércoles ante el Consejo de Seguridad el más reciente informe, el cual reconoce los avances en la implementación en el acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el trabajo del actual gobierno del presidente Gustavo Petro en la consolidación de la paz.

En informe del secretario general de la ONU sobre Colombia, que abarca el período del 27 de marzo al 26 de junio de 2023, resaltó las disposiciones del Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con la paz, la mayor atención prestada a la reforma rural integral y la asignación de fondos muy necesarios para la implementación del Acuerdo de Paz.

Ruiz Massieu también destacó la creación del Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, así como sus avances en la creación de mecanismos para avanzar en la implementación del capítulo étnico del acuerdo. «Pasos muy importantes para mejor la situaciones de las comunidades indignes y afrocolombianas, y de otros grupos vulnerables», dijo.

Según el representante, «los avances registrados en el último informe del secretario general son un indicador de que la puesta en práctica está tomando impulso en varios punto del acuerdo, incluidos los que habían quedado rezagados, a pesar de tener el mayor potencial para hacer frente alas causas profundas del conflicto».

No obstante, enfatizó la importancia del nombramiento de un funcionario del gobierno que supervise la aplicación del acuerdo.

Ruiz Massieu lamentó que la violencia «siga obstaculizando el potencial del Acuerdo», pero confía en que “recientes medidas en relación con garantías de seguridad, como la adopción de una nueva Política de Seguridad y Defensa, den pronto sus frutos y contribuyan a mejorar la situación en las regiones afectadas por el conflicto”.

También se mostró preocupado por la persistente violencia contra los líderes campesinos, reclamentes de tierra y excombatientes, pues señaló que cinco de ellos han sido asesinados desde la publicación del informe, y dijo que es necesario hacer «mucho más» para proteger a los líderes sociales. Así mismo, condenó el reciente ataque armado contra miembros de la Iglesia Católica en Caldono, Cauca.

“Colombia, el segundo país del mundo con mayor cifra de desplazados”, ACNUR
Según el reciente informe de la Misión de Verificación, 12 excombatientes fueron asesinados en ocho departamentos, duplicando los casos del informe pasado, que abarca los casos de enero a marzo de 2023. En cuanto a los homicidios, el informe reporta 12, uno más que en el mismo periodo del año pasado 2022.

Además, hizo un llamado a los actores armados ilegales para que respeten las elecciones locales y regionales en Colombia, que se realizarán en octubre, sin amenazas, y a las autoridades para que tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los comicios, que además garanticen la participación política de las mujeres.

El representante también resaltó el trabajo que viene realizando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado tras el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ante la cual comparecen miles de exguerrilleros, militares y civiles que estuvieron involucrados en el conflicto.

Para Ruiz, la JEP continua avanzando en los casos que incluyen nuevas imputaciones: «Las voces de las víctimas demandando verdad, justicia, reparación y no repetición han resonado con fuera en recientes audiencias» y los comparecientes de la fuerza pública han reconocido “ impactantes testimonios”, en los que han reconocido su responsabilidad en «ejecuciones extrajudiciales, crímenes que ilustran la degradación del conflicto». (Información VOA