Los escándalos en torno al presidente Gustavo Petro, cuyo hijo fue arrestado el fin de semana bajo cargos de lavado de dinero, comprometen seriamente el legado del gobernante colombiano, pero su presidencia por el momento no corre peligro, dijeron expertos.

Un tribunal colombiano formalizó el domingo el arresto del hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos, y de su ex esposa, Daysuris Vásquez, tras presuntamente haber recibido fondos del narcotráfico que habrían sido donados para la campaña presidencial de su padre.

El nuevo escándalo se produce semanas después de que la fiscalía iniciara otra investigación sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial del gobernante, centrada sobre uno de sus más cercanos asesores, el ex embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti.

Ambos escándalos sugieren que fondos provenientes del narcotráfico fueron donados para llevar a Petro a la presidencia, pero expertos consultados creen que es poco probable que la crisis conduzca a la destitución del mandatario.

“El escándalo es muy grave y puede desatar muchas cosas en Colombia”, dijo el analista colombiano Sergio Guzmán. “Pero aún no estamos en un punto donde se esté planteando el impeachment (juicio político) presidencial. En Colombia, ese es un instrumento político que está fraguado, a diferencia de lo que sucede en muchos países, incluso en Estados Unidos”.

La última vez que un juicio político fue intentado en Colombia fue a finales de 1995, contra el entonces presidente Ernesto Samper, cuya campaña también fue acusada de haber recibido fondos del narcotráfico.

Pese a la presencia de evidencia que comprometía la campaña, el entonces gobernante contaba con suficiente respaldo en el Congreso y la comisión encargada de evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político votó en contra de hacerlo, lo que dejó el asunto de lado y el camino libre para que Samper terminara su presidencia.

“Quien tiene la potestad de investigar a un presidente es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y la comisión nunca ha condenado a un presidente en Colombia”, explicó Guzmán.

Es difícil prever que una iniciativa de este tipo pueda tener éxito en este momento contra Petro, dijo Guzmán, aunque advirtió que mucho va a depender de los próximos pasos de la fiscalía y en especial si logra presentar evidencia que vincula directamente al presidente, agregó.

Tras ser notificado de los problemas de su hijo, el presidente manifestó públicamente que no ejercerá presión sobre la fiscalía, dejando entrever que las autoridades podrán llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias.

“Como persona y padre, me duele profundamente ver esta autodestrucción y que uno de mis hijos deba enfrentar la cárcel. Como presidente de la República, aseguro que la Fiscalía contará con todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, Petro declaró a través de su cuenta de Twitter.

“Le deseo a mi hijo suerte y fortaleza. Que estos acontecimientos moldeen su carácter y le permitan reflexionar sobre sus propios errores. Tal como lo afirmé ante el fiscal general, no interferiré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, agregó.

Erica Fraga, analista senior del Economist Intelligence Unit, unidad de investigación de la revista The Economist, dijo que la reacción del presidente mostró un grado de madurez política pocas veces vista en América Latina, pero advirtió que la declaración por sí sola no va a disipar la tormenta política que Petro lleva a cuestas.

Sus palabras “no van a ser suficiente para detener el debilitamiento de su gobierno. Si fuese solo este escándalo y fuese algo aislado, entonces quizás. Pero también hemos tenido la crisis con Benedetti y con Laura Sarabia”, dijo Fraga.

Sarabia, quien se desempeñaba como jefa del Despacho de la Presidencia, tuvo que renunciar al verse implicada en el escándalo de Benedetti.

Además de estas acusaciones de que su campaña obtuvo fondos irregulares, Petro también ha estado sobrellevando manifestaciones en su contra en las calles, una caída a la mitad de una popularidad inicial de 60% y el colapso de su coalición en el Congreso.

“Cuando juntas todo esto, uno puede ver que la situación va a ser perjudicial para su gobierno, aunque es difícil predecir qué tan perjudicial”, comentó Fraga.

La acusación contra Petro Burgos es el resultado de una investigación abierta en su contra por la fiscalía, luego que su ex esposa declarara en una entrevista con la revista Semana que el hijo del presidente recibió de un narcotraficante grandes cantidades de dinero que debían ir a la campaña.

En la entrevista, Vásquez relató que el presunto narcotraficante conocido como “el hombre Marlboro” le había entregado a Petro Burgos el equivalente en pesos de más de $150,000. Pero “eso nunca llegó legalmente a la campaña porque [Petro Burgos] se quedó con ese dinero” Vasquez relató.