–Ante un juez penal del Circuito de Bogotá, un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez por el cartel de la toga, que como todos saben, se trató de aberrantes hechos de corrupción en la administración de justicia.

Labores de policía judicial evidenciaron que el exmagistrado, ya retirado del cargo, habría impartido instrucciones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, defensor de los congresistas para que, con acciones ilegales, resultaran beneficiados sus clientes.

Moreno Rivera era defensor de los representantes a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, ambos investigados penalmente por delitos relacionados con parapolítica, corrupción y bandas criminales.

Según lo estableció la investigación, entre 2015 y 2016, Ricaurte Gómez habría instruido a Gustavo Moreno Rivera para que contactara al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, quien tenía a su cargo la tramitación de las investigaciones al interior del despacho del magistrado titular Gustavo Malo Fernández.

La Fiscalía determinó que el objetivo de dicho acercamiento era manipular el proceso penal contra los dirigentes políticos y evitar su posible captura.

Testimonios recaudados, entre otras labores de policía judicial, establecieron que Ricaurte Gómez habría autorizado el pago de millonarias sumas al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, a través del abogado Moreno Rivera, dinero presuntamente entregado por parte de los congresistas Velásquez Ramírez y Córdoba Manyoma para impedir la apertura de una investigación formal, y de paso que las actuaciones judiciales pudieran llevar a su detención.

Ante la dificultad jurídica del proceso, Ricaurte Gómez habría solicitado «reestructurar los honorarios» duplicando las sumas acordadas inicialmente de 380 a 800 millones de pesos.

La Fiscalía determino que las indagaciones preliminares contra los congresistas estuvieron dos años sin avances.

En marzo de 2021, el juez décimo Penal del Circuito de Bogotá condenó a 19 años y 2 meses de cárcel al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez al comprobar que junto con algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados promovió y dirigió una organización criminlaes que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para torcer investigaciones penales contra aforados constitucionales.