–La Misión de Observación Electoral, MOE, expuso en la Sexta Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento a los procesos electorales, realizada este jueves en la Escuela General Santander de la Policía Nacional, los grandes riesgos que se presentan en diferentes regiones del país para la celebración de las elecciones territoriales del próximo 29 de ocubre..

Señaló que de acuerdo con sus registros, los 10 primeros meses de las elecciones locales de 2023, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de agosto de 2023, se han registrado un total de 288 hechos de violencia contra liderazgos políticos lo cual es un 80% más alto que para los primeros diez meses de las elecciones 2019.

Estos 288 hechos de violencia contra liderazgos políticos se desagregan en 211 amenazas, 35 asesinatos, 33 atentados, 3 secuestros y 6 hechos de Violencia contra la Mujer en Política -VCMP.

Dichos hechos han tenido lugar en 128 municipios de 29 departamentos del país; siendo Valle del Cauca, Cauca, Magdalena, Tolima y Norte de Santander los territorios más afectados al concentrar el 50% del total de hechos letales (asesinatos y atentados).

Se destaca agosto, primer mes de campaña electoral, como un mes especialmente violento contra los liderazgos políticos del país. Lo anterior, considerando que en este mes se han registrado 44 agresiones contra el sector político, entre ellos 7 asesinatos y 6 atentados que constituyen el registro de violencia letal más elevado en los 10 meses monitoreados.

En comparación con el 2019, la violencia contra este tipo de liderazgos se incrementó en un 80%, con el agravante de que también se han recrudecido los hechos letales pasando de 45 (26 asesinatos y 19 atentados) a 69 (35 asesinatos y 34 atentados) para un incremento del 76%.

De las 288 agresiones registradas contra liderazgos políticos, 81 (el 28%) han estado dirigidas a precandidatos y candidatos a las elecciones locales.
Destacando que 21 de los 81 hechos identificados corresponden a atentados y asesinatos.

Para el mismo periodo en 2019 se habían presentado 68 hechos violentos contra precandidatos y candidatos por lo que el incremento es del 19% respecto a 2019.

Las precandidaturas y candidaturas a Alcaldías han sido las más afectadas con un registro de 42 amenazas y 9 atentados, seguidos por los aspirantes a Concejos que han sido objeto de 14 amenazas y 9 asesinatos.

Sobre candidatos inscritos, se han presentado un total de 36 hechos, de los cuales 5 son asesinatos, 3 atentados y 28 amenazas. Los siguientes casos corresponden a los 5 asesinatos registrados:

– José Ilder Díaz, candidato al Concejo de Policarpa, Nariño por el partido Cambio Radical.
– José Cruz, candidato al Concejo de Carmen de Chucurí en Santander por el partido Creemos.
– Liandro Sánchez Reyes, candidato al Concejo de Honda en Tolima por el partido Creemos.
– Luis Eduardo Timaná García, candidato al Concejo de Pradera en Valle del Cauca, por la coalición Pacto Histórico – Colombia Puede.
– Claudia Ordóñez, candidata al Concejo de Jamundí de Valle del Cauca, por el partido Liberal.

Por otro lado, la MOE establece que desde el inicio del período pre-electoral – 29 de octubre de 2022 a 29 de agosto de 2023-, ha registrado un total de 64 hechos de violencia contra de lideresas políticas, de los cuales 51 corresponden a amenazas que representan el 80%, y específicamente en relación con la violencia contra mujeres en política (VCMP), se presentaron un total de 6 situaciones que constituyen el (9%) de los hechos.

La MOE dice que entiende que este incremento en los reportes de la violencia en contra de las mujeres, de manera particular, la VCMP, representa un avance en los esfuerzos se han adelantado para lograr identificar este tipo de violencia y así mismo promover su denuncia o reporte ante las autoridades con competencia en la materia.

Este cambio es posible de advertir cuando se comparan estos datos con los hechos registrados para el mismo período de 2019, elecciones en las que se identificaron un total de 25 hechos de violencia política en contra de las departamento. Nariño, Cauca y Chocó concentran el 55% de estos puestos de votación.

Advierte que 73 puestos con riesgos de violencia, son nuevos. Sobre estos nuevos puestos, afirma, es necesario que la Registraduría dé a conocer los estudios de seguridad que se tuvieron en cuenta para definir los criterios para decidir su instalación.

Recuerda que en el quinto informe la MOE señaló que posiblemente 837 puestos de votación del total de puestos de votación del país podrían tener errores en sus coordenadas. Dentro del total de estos puestos, se encuentran 230 que tienen posibles errores de coordenadas, además tienen riesgos por violencia. Para las distintas autoridades, incluidas las de fuerza pública, se hace fundamental tener las coordenadas correctas de los puestos de votación y más aún si son en zonas con dificultades de seguridad.

Los puestos que fueron identificados por la MOE como de mayor prioridad, se debe a que están localizados en veredas donde han ocurrido eventos recientes de violencia y donde hacen fuerte presencia grupos armados ilegales.

En total son 266 puestos considerados prioritarios por temas de seguridad y de los cuales 6 son puestos nuevos para estas elecciones. En su mayoría están localizados en municipios en Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Sur de Bolívar.

Indica que estos puestos de votación requieren de la mayor atención y de una planificación sobre las condiciones de seguridad para evitar cualquier tipo de hechos de violencia el día de la elección y constreñimientos contra la población.

En los puestos con posibles riesgos de violencia se inscribieron un promedio de 96.3 personas por puesto lo cuál es similar al promedio de inscritos en los demás puestos rurales (94.5). Sin embargo, en 92 de los puestos con riesgo se inscribieron menos de 5 personas, y en 5 de estos puestos, el censo sería menor a 25 personas. En los puestos con posibles riesgos también hay 3 puestos con tasas atípicas de inscripción con un promedio de 175 inscritos por cada mil habitantes teniendo en cuenta que la tasa nacional es de 83,6. Estos puestos son Sidón en Cumbitara – Nariño, Santa Cruz en Policarpa, Nariño y La Chipa en Puerto Rico-Caquetá.

La MOE indica que considerando, de acuerdo con los registros históricos, en los últimos dos meses del calendario electoral la violencia política sufre un incremento significativo, es necesario proteger a las candidaturas en su proselitismo electoral, monitorear el origen de la financiación de las campañas, impedir cualquier tipo de control y constreñimiento a los distintos tipos de liderazgos tales como las carnetizaciones y amenazas, asegurar el trabajo de los funcionarios públicos en relación con el proceso electoral y garantizar el voto libre de la ciudadanía.

Además, subraya, es importante que desde el Ministerio del Interior se continúen desarrollando los espacios de diálogo con las organizaciones políticas para mantener una información precisa sobre los lugares donde algunas candidaturas están teniendo problemas de seguridad y tienen mayores riesgos.

Finalmente, invita a las organizaciones políticas que la información sobre los distintos tipos de violencia que puedan ser objeto las candidaturas que avalaron sean informadas al Ministerio del Interior e interpongan la respectiva denuncia a la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior con el objetivo de apoyar a las autoridades en el esclarecimiento de los hechos, la persecución de los perpetradores y la consolidación de un registro único sobre hechos de violencia contra candidatos y candidatas.