–La Procuraduría General de la Nación llamó la atención del Gobierno Nacional sobre la desprotección a víctimas de trata de personas y explotación sexual en el territorio colombiano, en un informe en el cual señala, entre otras cosas, que diferentes regiones se carece de presupuesto y no se cuenta con con “Casas Refugio” ni de rutas de protección.

Frente a las alarmantes cifras de delitos de explotación sexual y trata de personas a nivel mundial y en el país, el ministerio público realizó seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones de las administraciones y Comités locales de lucha contra la trata de personas, en términos de reconocer si están siendo operativos y efectivos en el restablecimiento de derechos de las víctimas.

El organismo de control, advirtió que entre el 2020 y agosto de 2022, se registraron 396 casos de Trata de Personas en el país, de acuerdo con cifras del Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior. Sin embargo, subrayó, podría existir un subregistro de información, dada la normalización de esta forma de violencia, así como la falta de credibilidad en las víctimas.

El organismo de control indicó que Colombia tiene un porcentaje de mujeres víctimas de trata superior a la media mundial: 83 % versus 65 %, con riesgos aprovechados por los tratantes frente a necesidades económicas, la condición migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares, principalmente en casos de niños, niñas y adolescentes. En el trabajo doméstico, el sector de la construcción, la agricultura, minería, son los sectores en donde mayor ocurrencia de casos de trabajo forzado se identifica.

Por su parte, frente al delito de explotación sexual, la Procuraduría precisó que ésta se mantiene como la principal finalidad de explotación en el mundo con el 50 % de los casos identificados, registrándose también un incremento con la finalidad de trabajo forzado y la mendicidad ajena.

Abordaje de la trata de personas:

– Los resultados del informe de la Procuraduría arrojaron que de los 24 Comités locales de Lucha contra la Trata de Personas consultados, (17 departamentales y 7 de ciudades capital), la solamente en seis departamentos y tres ciudades capitales, se dio cumplimiento durante el primer semestre de 2022 a las sesiones ordenadas legalmente.
– En Bolívar, Boyacá, Casanare, Chocó, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Tolima, Ibagué, Neiva, Pasto, Pereira y Villavicencio, los comités no contaban para el año 2022, con un diagnóstico sobre la situación de trata de personas en sus territorios.
– Solo 10 de los comités territoriales cuentan con un presupuesto asignado para el desarrollo de acciones de prevención de la problemática.
– 11 de los departamentos y en 7 ciudades capital, se tiene adoptada una ruta de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas, sin embargo, no todos la tienen implementada. En Chocó, Cesar y Valle del Cauca, no se tiene conocimiento sobre su adopción e implementación.
– Preocupante ausencia de casas refugios para víctimas de este delito, evidenciando que no existe la voluntad política ni los recursos presupuestales. Solamente el departamento de Sucre y la ciudad de Bogotá, cuentan con estos espacios seguros, que les permitan a las víctimas de forma transitoria, contar con una vivienda gratuita mientras se restablecen sus derechos.

Abordaje de la Explotación sexual:

– El informe elaborado por la Procuraduría evidenció que en el 70.83% de territorios para los que se dio respuesta, se informa la existencia de la problemática de explotación sexual en menores de edad y se considera que es grave en el 29% de estos (Risaralda, Nariño, Amazonas, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca) y muy grave en el 25% (Chocó, Quindío, Norte de Santander y Casanare).
– Por su parte, en el 83.33% de territorios para los que se dio respuesta, se informa la existencia de la problemática de explotación sexual en mayores de edad y se considera grave en el 38% de estos (Risaralda, Nariño, Amazonas, Quindío, Cesar, Sucre y Valle del Cauca) y muy grave en el 29% (Chocó, Bolívar, Norte de Santander y Casanare).
– Según el ente de control, solo los departamentos de Quindío y Cesar tienen un diagnóstico de la problemática de explotación sexual y 8 entidades territoriales se conoce que cuentan con presupuesto asignado.
– Llama la atención que Amazonas ubicado en la triple frontera y Bolívar, con la problemática que se advierte en la ciudad de Cartagena, no cuenten con diagnóstico para un plan de acción para la lucha contra la explotación sexual.
– Para el Ministerio Público, el delito de explotación sexual se presenta en muchas regiones del país, sin ser un asunto fundamental en la agenda de muchos gobiernos territoriales y dejando a la deriva a muchas de sus víctimas, quienes no encuentran una respuesta institucional reparadora, integral, no revictimizante.

Finalmente, la Procuraduría precisó que, si bien el informe contiene recomendaciones para las autoridades competentes, advirtió la necesidad de afianzar herramientas técnicas que permitan fortalecer estas vigilancias preventivas, para lograr mayor eficiencia, oportunidad y un óptimo rigor técnico, que permita incidir efectivamente en la lucha contra este delito.