Judicial Nacional

Audiencia de la JEP por falsos positivos en Casanare: «Nos vamos con un sinsabor; ustedes no nos resolvieron todo lo que tenían para decirnos con sinceridad», víctimas

–Evidente insatisfacción mostraron los familiares de las víctimas de los «falsos positivos» en el Casanare al terminar este miércoles en Yopal, la audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que 21 militares, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados, reconocieran los crímenes.

Al concluir la diligencia, que que estaba inicialmente programada para dos días, pero que se extendió tres, Astrid Tumay, en nombre de las víctimas hizo la siguiente conclusión:

«Nos vamos con un sinsabor porque ustedes no nos resolvieron todo lo que tenían para decirnos con sinceridad».

Mientras tanto, un jovencito, Esteban Araque, a quien le asesinaron a su padre , expresó:

«Quiero decirles que les quedó bien el nombre: ‘Caníbal'», porque comían gente que era inocente».

«Ustedes se convirtieron en unos monstruos con todas las familias colombianas vulnerables. Ustedes siempre se enfrentaban a las personas que no tenían armas, a ustedes no les gustaba combatir, por eso hacían los ‘falsos Positivos'», les cuestionó Myriam Álvarez, hija del señor Misael Álvarez, un adulto mayor asesinado y presentado como baja en combate. En ese hecho también fueron asesinados Yúber Contreras Álvarez, Berney Guerrero Bohórquez, Hilda Blanca Cruz Montejo y Nelson Enrique Arias Ramírez.

En la última jornada, el general retirado, Henry Torres Escalante, quien reconoció haber sido el instrumentador de todos los «falsos positivos» registrados en el Casanare, en los cuales fueron ejecutados 303 personas, pidió perdón nuevamente y aceptó que fue responsable en estos actos por haberlos conocido y no haber hecho nada para detenerlos.

«Más que nunca, hoy acepto mi responsabilidad como máximo comandante», aseguró.

A su turno, el capitán retirado César Augusto Cómbita Eslava relató cómo, a pesar de nunca haber hecho un curso de Policía judicial, empezó a observar en detalle cómo hacían estas labores los agentes del CTI, para, posteriormente, «perfeccionar las escenas donde se iban a presentar los asesinatos».

«Nunca debí repetir estas conductas delictivas que desarrollé en Antioquia. La verdad esa no fue la formación que recibí. Defraudé en el camino a muchas personas, a muchas familias. (…) Había otros caminos y opté por el camino del dolor. Pido perdón por ello», dijo Cómbita.

Con relación a los asesinatos cometidos, Cómbita reconoció que «todo fue con pleno conocimiento y aprobación del comandante de la Brigada XVI. Para la época, el coronel William Torres Escalante», y agregó que le entregó directamente un arma corta para usar en un asesinato

El compareciente habló sobre el involucramiento de jueces penales militares como «la juez penal militar Nancy Martínez, que encubrió todos los asesinatos cometidos por el mayor Óliver Cárdenas Gil». Igualmente, relacionó al juez penal militar Nelson Guerra Chinchía.

Cómbita pidió perdón a varias de las familiares de las víctimas. «Al señor Roger Acero», dijo: «yo fui quien mató a su hermano, yo le disparé». «Señora Marcela y Dania, cuando usted tenía 2 años yo le quité a su padre».

El magistrado Óscar Parra pidió al compareciente que explicara cómo se seleccionaba a las víctimas. «Había un perfilamiento. Acá cada comandante de grupo especial perfiló a las víctimas, como fue el caso de las prácticas de habitantes de calle», respondió Cómbita.

Wilfrido Domínguez Márquez, antiguo jefe de la sección segunda de inteligencia del Batallón de infantería no. 44 «Ramón Nonato Pérez», Birno, entre otros crímenes de guerra y de lesa humanidad, fue imputado como coautor por utilización de niños y niñas y persecución por razones de género.

«Mis actividades se enmarcaron directamente con el auspicio del comandante del batallón, el señor Germán Alberto León Durán, y del señor coronel Marcolino Puerto», dijo Wilfrido Domínguez al iniciar su reconocimiento.

Domínguez relató los hechos que llevaron al asesinato de José Rubiel Llanos, una persona con orientación sexual e identidad de género diversa. Domínguez reconoció que se utilizó a una menor de edad para engañarlo y entregarlo a los soldados que iban a asesinarlo.

El capitán (r) Miguel Andrés Sierra García relató los hechos que tildó como «el fatídico 10 de octubre de 2005». «Después de haber realizado una operación que inició lícita y llegamos a un campamento que se convirtió en algo ilícito y monstruoso», dijo.

«No me va a alcanzar esta vida para resarcir un poco el daño que le causé a usted como madre, como esposa», dijo Sierra a Derly Patiño. «Hoy empiezo por limpiar el nombre de Hugo Édgar, por decir que no pertenecía a ningún grupo, era un trabajador digno de su familia”.

El mayor (r) Erwin Duarte Rojas reconoció su responsabilidad en los hechos que se le imputaron como comandante del grupo especial Cobra 2. «He venido por ustedes, las víctimas, a aceptar y reconocer mi responsabilidad», dijo.

«Me arrepiento enormemente de no haber sentado mi voz de protesta en ese entonces y haberme sumado a estas prácticas. Quizás no hubiera ocasionado tanto daño como el que ocasioné con cada uno de sus seres queridos», expresó el mayor (r) Duarte.

Posteriormente, Margarita Arteaga, hermana de Kemel Arteaga, intervino en representación de las víctimas para transmitir a los comparecientes una serie de preguntas que aún persisten. Insistió en la importancia de nombrar a las víctimas para limpiar sus nombres.

Uno a uno, los comparecientes expresaron un mensaje antes de concluir la Audiencia de Reconocimiento. Se comprometieron a seguir aportando verdad a las víctimas y reconocieron la fortaleza que las trajo hasta esta instancia.

En la audiencia comparecieron, en calidad de autores mediatos, el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.

Así mismo, comparecieron César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Eduwin Gordillo Benítez, Wilfrido Domínguez Márquez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexander González Almario, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.

A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.