–La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes un caso relacionado con la posible descalificación del expresidente Donald Trump para las elecciones de 2024, invocando una disposición constitucional que prohíbe a cualquier persona que haya «participado en una insurrección o rebelión» ocupar un cargo público.

El recurso, presentado por John Anthony Castro, un consultor fiscal de Texas que busca la nominación presidencial republicana, impugnaba la decisión de un tribunal inferior que consideró que Castro carecía de la legitimación legal para demandar la descalificación de Trump bajo la 14ª Enmienda de la Constitución de EEUU.

El demandante citó las acciones de Trump relacionadas con el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021 como evidencia de insurrección.

Este fallo podría no ser la última palabra sobre el tema, ya que se están llevando a cabo otros litigios relacionados con la 14ª enmienda y la posible candidatura de Trump en tribunales inferiores.

Los magistrados anunciaron su decisión en el primer día de su nuevo período de nueve meses. La demanda presentada por Castro en un tribunal federal de Florida buscaba que Trump fuera declarado inelegible para buscar cargos públicos y así evitar que su nombre apareciera en las papeletas de cualquier estado de EE.UU.

El expresidente Donald Trump compareció este lunes ante un tribunal estatal de Nueva York, donde un juez está considerando un caso que podría resultar en la disolución de sus considerables intereses comerciales en el estado y en la prohibición de que Trump y sus dos hijos adultos vuelvan a hacer negocios allí.

El caso, que se encuentra en audiencias preliminares desde enero, fue presentado por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y acusa a Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y varios otros acusados de múltiples delitos bajo seis “causas de acción.»

Entre ellos se incluyen la falsificación de registros comerciales, la conspiración para falsificar registros comerciales, la emisión de estados financieros falsos, la conspiración para falsificar estados financieros falsos, el fraude de seguros y la conspiración para cometer fraude de seguros. Entre otras cosas, James alega que los acusados ofrecieron repetidamente divulgaciones financieras falsas y engañosas a sus contrapartes financieras, incluidos los bancos de los que solicitaban préstamos.

El juicio comienza pocos días después de que el juez Arthur F. Engoron emitiera un fallo otorgando sentencia sumaria al estado sobre un elemento crítico del caso. En el fallo, Engoron encontró que el estado había demostrado tan claramente que Trump y sus coacusados habían cometido “fraude repetido y persistente” en sus declaraciones financieras que no estaría obligado a argumentar ese elemento de su caso durante el juicio.

Como resultado del juicio sumario, Engoron ordenó la cancelación de todos los certificados comerciales del estado de Nueva York presentados por Trump y sus coacusados y dictaminó que las corporaciones relacionadas fueran puestas en quiebra. Eso significa que la gestión de las extensas propiedades de Trump en Nueva York, incluidas la Trump Tower, 40 Wall Street y muchas otras propiedades y negocios, estarán fuera del control diario del expresidente.

Celia Bigoness, directora del Centro Blassberg-Rice para el Derecho Empresarial de la Facultad de Derecho de Cornell, dijo a la VOA que tiene conocimiento de sólo otros cuatro casos en la historia de Nueva York (algunos de finales del siglo XIX) en los que se ha ordenado la disolución judicial de una empresa.

Es una pena reservada, dijo, para “casos de daño público continuo a través de fraude o ilegalidad, no sólo circunstancias puntuales, sino daño continuo”.

Bigoness dijo que según la orden de Engoron, todas las empresas de Trump con sede en Nueva York quedarán bajo administración judicial, lo que significa que estarán bajo el control total de un experto designado por el tribunal que será acusado de venderlas al mejor postor.

Trump inevitablemente apelará el fallo, dijo Bigoness, lo que significa que es posible que nunca se finalice la venta.

«Mientras tanto, sin embargo, está muy claro que el síndico tendrá el control total de estos activos», dijo Bigoness. «Y cualquier ingreso (ingreso continuo) que se derive de estos activos quedará en manos del síndico y no llegará a los bolsillos de Donald Trump». (Información Voz de América).