— Ante las reiteradas denuncias presentadas por la ciudadanía, la Procuraduría General de la Nación pidió este jueves a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, que de manera inmediata habiliten La Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital) o la herramienta que haga sus veces, deshabilitada según las entidades, por cambios en el aplicativo.
El Ministerio Público puso en conocimiento de las entidades, las denuncias por la presunta violación a los derechos de participación ciudadana y acceso a la información pública, ante las dificultades operativas de la plataforma, que impiden que los ciudadanos puedan acceder en tiempo real y en línea a consultar los expedientes administrativos ambientales tanto de carácter permisivos, como sancionatorios a cargo de la ANLA.
El ente de control también expresó que, ante los cambios en el aplicativo, se debieron contemplar de manera previa, las acciones de contingencia ante la imposibilidad de acceder a VITAL, situación que debió haber sido ampliamente publicitada y haber considerado alternativas con el fin de garantizar la continuidad en el acceso a la información.
Contrario a lo anterior, la Procuraduría evidenció que lo publicitado por parte de Minambiente es información que no es veraz y completa, toda vez, que al acceder a la página web de la ANLA no hay ninguna publicación y/o alerta donde se advierta sobre la no disponibilidad de la información que existía en VITAL, y menos aún una guía al usuario donde se le proponga alguna alternativa de manera que no se vea afectado el servicio de información, generando de esta manera una gran incertidumbre y falta de garantías a los usuarios.
El Ministerio Público, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, también llamó la atención sobre las respuestas a los usuarios, que deja entrever una falta de comunicación, coordinación y falta de responsabilidad, por lo que instó a ambas autoridades a que de manera inmediata se remuevan los obstáculos formales a la materialización del ejercicio al derecho de acceso a la información en las actuaciones administrativas ambientales.