La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, manifestó serias preocupaciones ante la poca atención prestada por las entidades del Gobierno Nacional frente al aumento del riesgo electoral, por cuenta de la vulneración de derechos a las comunidades y constreñimiento ejercido por grupos armados ilegales en el país. 

Durante la presentación del informe de seguimiento hecho por la Defensoría del Pueblo, a la Alerta Temprana 030, emitida desde agosto de 2023 por el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, la jefe del Ministerio Público aseguró que los llamados al Gobierno Nacional, a nivel nacional, regional y local, para mitigar dichas amenazas, pasaron inadvertidos.

“El informe que hoy nos ha presentado el Defensor del Pueblo, da cuenta de la evolución del escenario de riesgo advertido y detalla el incremento de los factores de riesgo o la mitigación de los mismos, pudiendo observar la ocurrencia de conductas vulneratorias contra los derechos de la población en potencial situación de riesgo”, apuntó la alta funcionaria.

La Jefe del Ministerio Público hizo un llamado al Gobierno para actuar con contundencia los últimos 10 días antes de las elecciones y recordó que la entidad analizará, con el recién creado Grupo Especial Disciplinario Electoral, conformado por cuatro procuradores delegados, las actuaciones que se adelantarán contra los responsables de atender 11 de las 48 recomendaciones priorizadas para la etapa preelectoral y electoral en la Alerta Temprana electoral 030 de 2023.

También explicó que el seguimiento evidencia un aumento estrepitoso en los hechos vulneratorios. Mientras que de enero a julio se registraron 173 casos, en solo dos meses, agosto y septiembre se registraron 204 conductas de esta índole, indicando que hay cuatro departamentos que concentran el 41% de las conductas ocurridas en lo corrido del año y son Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca.

“No puede haber lugares vedados en el país para realizar las elecciones, por lo que solicitamos de manera urgente a las diferentes entidades y en especial a la Fuerza Pública, presenten los planes de acción para garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanos el próximo 29 de octubre “, agregó la Procuradora.

También alertó sobre los riesgos por alteración al orden público posteriores a los resultados electorales por cuenta de la polarización política que vive el país y llamó a la calma a los ciudadanos, partidos y movimientos político.