Procuraduría formuló cargos a policías que sacaron esposada a mujer de local comercial en Cartagena
–Transcurrido un año del incidente, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el subintendente, Nelson Enrique Martínez Balceiro, y la patrullera Yuliana Jaramillo Mazo, de la Policía Metropolitana de Cartagena (Bolívar), quienes sacaron a la fuerza a una mujer y sus hijos de un almacén ubicado en un centro comercial de la ciudad de Cartagena.
Como se recuerda, en un video que se difundió en su momento a través de las redes sociales, la mujer, con una bebé en brazos, forcejeó con los uniformados– hombre y mujer– cuando la estaban esposando y gritó:
“Me están sacando de la tienda donde me deben dos millones de pesos desde hace dos años, no me quieren cancelar. Llamaron a la Policía y se niegan a contestar”.
Si está mujer llegó a este extremo, es porque realmente está desesperada. Que falta de empatia de la empresa, y de la policia.
¡por Dios!
La sacaron hoy de la tienda Jon Sonen de ‘La Serrezuela’ porque fue a reclamarle al gerente de esta empresa la liquidación. pic.twitter.com/3r2bClX006— ?? Jacqueline Perea (@pereajacque) November 29, 2022
El organismo de control señaló que de acuerdo con las pruebas recaudadas, los uniformados se habrían extralimitado en sus funciones haciendo un uso excesivo de la fuerza al retirar esposada a una ciudadana venezolana, que se encontraba con sus dos hijos menores de edad de un establecimiento público.
La afectada manifestó que el 28 de noviembre de 2022, se acercó al mencionado local para reclamar unas prestaciones sociales que le adeudaban y el administrador del lugar llamó a la policía que, minutos después, la esposó con su hija menor en brazos y su otro niño al lado.
El Ministerio Público señaló que, ante la negativa de la señora de retirarse del establecimiento, la actuación que procedía era proteger los derechos de los menores preferiblemente con la intervención del grupo de infancia y adolescencia de la Policía Nacional y retirar pacíficamente y sin esposarla.
Agrega el ente de control que “era el deber de los uniformados garantizarle a los menores su desarrollo armónico e integral, el no ver a su progenitora siendo esposada y sacada al frente de todos los visitantes del centro comercial por reclamar sus derechos laborales, que al parecer no habían sido cancelados y que necesitaba para mantener su mínimo vital”.
La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de los integrantes de la Policía Nacional como falta disciplinaria como leve a título de culpa gravísima.
