–En una extensa carta, el expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, le pidió este lunes a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, que se oponga a la destrucción del Sistema de Salud colombiano, que de hecho registra «una crisis sin precedentes provocada por acciones del propio Gobierno que, sistemáticamente, ha desequilibrado sus finanzas, sin importarle las repercusiones sobre la atención de millones de personas».

Advierte Gaviria Trujiullo que «el Gobierno ha decidido ignorar su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud y ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS, llegando a acumular entre tres y cuatro meses sin su respectivo giro, lo que representa casi un billón de pesos; además, a corte del 29 de febrero de 2024, aún no saldaba la deuda de sus ajustes 2022 y 2023, que equivalen a 820 mil y 900 mil millones de pesos, respectivamente».

Agrega que solamente, gracias a la intervención de la Corte Constitucional, «que el pasado mes de febrero le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social estos pagos antes de 45 días, es que el sistema ha podido lograr evitar su colapso absoluto frente a esta injustificada e ilegal situación».

El director del liberalismo indica que «la sostenibilidad financiera del sistema está lejos de resolverse con el oxígeno que significa los mencionados pagos por presupuestos máximos, pues de forma reiterada, parece haber evidencia contundente de no se prepara para girar Unidad de Pago por Capitación (UPC) como lo ha mandado la Corte Constitucional, ni para hacerlo con la suficiencia que ella demanda».

Por otra parte, afirma, de manera incomprensible, el Vicecontralor encargado de las funciones del Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, contraviniendo su deber constitucional de velar por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que estipula la realización de giros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 en un plazo de 45 días, vuelve a centrarse en las deficiencias de las reservas técnicas de las EPS.

Dice que «ignora por completo el fallo de la Corte Constitucional y desatiende que esta responsabilidad recae en la Superintendencia de Salud. Recién esta semana ha comunicado a la Contraloría que les proporcionará la metodología de evaluación de las EPS».

Sin embargo, subraya, nuevamente, durante esta semana, repite el análisis de la semana pasada y vuelve a incidir en las actuales reservas técnicas de las EPS, instigando al Gobierno y al Ministro a no cumplir con los fallos de la Corte. Como vimos la semana pasada, argumenta que el desfinanciamiento del sistema se debe a que muchas EPS no cumplen con las reservas técnicas. Ante esto, el presidente Petro respondió de inmediato afirmando que tenía razón al definir las EPS como entidades oficiales, señalando que estas son el obstáculo para que la ley en trámite en el Congreso pueda aplicarse.

Advierte que el Contralor Zuluaga «elabora un informe con fallas técnicas y jurídicas tan evidentes que solo sirve al Gobierno para asumir las funciones de las EPS y llevar a cabo, de facto e ilegítimamente, la reforma que no ha podido completarse en el Congreso, a pesar de su intensa campaña para socavar la representatividad democrática de la unidad de los partidos políticos. Pareciera ser una coincidencia de intereses entre el Gobierno, deseoso de destruir el sistema de salud a toda costa, y el Contralor en funciones, buscando permanecer en su cargo a la espera de un fallo de la Corte Constitucional sobre una tutela presentada por el anterior Contralor General».

Luego precisa: «Le escribo, entonces, esta carta Señora Procuradora, para que, en su sensatez y sentido democrático y obligación de hacer cumplir las sentencias que emite la Corte Constitucional se oponga a la destrucción del Sistema de Salud colombiano, en contravía del ordenamiento legal, ahora, respaldado por el Contralor General en funciones. Es más, ya el señor presidente ha dispuesto que se empiece a aplicar la ley que solo tiene la aprobación de la Comisión séptima de la cámara y que además se aprobó sin que el Ministerio de hacienda emitiera su disponibilidad presupuestal. Como además se trata de la regulación de un derecho constitucional después de la eventual aprobación por la comisión del Senado debe cumplir el trámite de que las Comisiones Primeras de ambas Cámaras emitan la ley estatutaria correspondiente».

El expresidente Gaviria señala igualmente que en la actualidad, las EPS no han logrado cumplir su función de atender a sus afiliados debido a la falta de pago de las unidades de capacitación por parte del gobierno, lo que ha dejado anulado su capital.

«Para agravar el problema, el gobierno tampoco está atendiendo a aquellos que solicitan atención, ya que no preparó adecuadamente a la ADRES para que cumpliera la función de único pagador. Además, no dispone de los puestos de salud necesarios preparados para desempeñar su papel como el elemento central a partir del cual debería funcionar todo el sistema, tal como lo concibió el gobierno basándose en principios ideológicos en lugar de atenerse a las estipulaciones constitucionales», puntualiza.

Finalmente anota que «a estos factores se suma la escasez de medicamentos como resultado de la precipitada decisión de producirlos en el país, sin que hasta el momento se haya logrado un propósito que, por lo demás, resulta inalcanzable en la mayoría de los casos».

Y concluye: «Las consecuencias de estas decisiones son que el país está enfrentando una de las crisis sociales más graves de su historia republicana, con la posible muerte de miles de pacientes».