–La Defensoría del Pueblo dio a conocer este martes el informe sobre la conflictividad social registrada el año pasado en el país, estableciendo que se presentaron 619 eventos más en comparación con el 2022.

Según el reporte, entre enero y diciembre del 2023 se registraron 2.046 manifestaciones de conflictividad social en 446 municipios de 31 departamentos del país; el 13% de ellos ocurrió en Bogotá. Comparada la cifra con la del 2022, cuando se registraron 1.427 eventos, el aumento fue del 43%, según los datos recolectados por el Observatorio de la entidad.

Los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por las acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los bloqueos de vías, con el 38%; plantones, 33%; marchas, 11%; disturbios, 6%; paros-ceses de actividades, 5%, y toma de instalaciones, 3%.

También en comparación con el 2022, se puede observar que hubo un aumento del 94% en la ocupación o toma de instalaciones, del 62% en los ceses de actividades, del 62% en los bloqueos de vías y del 31% en los plantones y concentraciones.

Los diez departamentos que concentraron el mayor número de conflictos sociales fueron Bolívar, con el 7%; Antioquia, 6%; Santander, 6%; Magdalena, 6%; Atlántico, 5%; La Guajira, 5%; Valle del Cauca, 5%, y Córdoba, Norte de Santander y Tolima, con el 4% cada uno.

Para la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional debe fortalecer la articulación interinstitucional para que sean propiciados oportunamente espacios de diálogo con las comunidades que manifiestan sus problemáticas e insatisfacción de derechos humanos.

“También debe hacérsele un seguimiento riguroso y oportuno al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y adelantar procesos de fortalecimiento institucional con los mandatarios locales, con el fin de prevenir el escalamiento de conflictividades en distintos puntos del territorio nacional”, llamó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Los eventos identificados por el Observatorio estuvieron asociados a conflictos laborales en el 18% de los casos registrados durante el 2023; a la garantía del derecho a la educación, 12%; inversión o presencia estatal, 11%; conflictos políticos relacionados con la elección de alcaldes y gobernadores, 11%; prestación de servicios públicos, 10%; derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, 9%; políticas de transporte, 9%; propiedad de la tierra o vivienda, 5%, y conflictos ambientales, 5%.

Así mismo, destacó un aumento considerable en relación con los eventos de protestas, disturbios y asonadas ocurridos antes, durante y después del proceso electoral. A ello se suman las protestas en contra de las políticas de transporte y de sectores productivos, principalmente el agropecuario.

“Tanto nuestra Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social como nuestras Defensorías Regionales promovieron 244 espacios de diálogo entre las distintas partes, en los que también participamos como garantes de derechos”, expresó Carlos Camargo Assis.

Respecto a ese número de espacios de diálogo, se evidencia un aumento del 69%, pues durante el 2022 fueron instaladas 144 mesas de diálogo, en las que igualmente participaron los funcionarios de la Defensoría.

La labor de mediación de la institución nacional de derechos humanos contribuyó a prevenir el escalamiento violento de la conflictividad social, lo que ayudó a impulsar la transformación pacífica de los conflictos en los territorios, puntualizó Camargo Assís.

Los mecanismos que utilizó la comunidad para expresar su inconformidad por las acciones u omisiones del Estado o de particulares también tuvieron un aumento en el mismo comparativo anual: ocupación o toma de instalaciones (en un 94%), ceses de actividades (62%), bloqueos de vías (62%) y plantones y concentraciones (31%).

Frente a esta situación, el Defensor del Pueblo hizo un llamado a las instituciones gubernamentales y los sectores empresariales a propender por el fortalecimiento del diálogo genuino y constructivo para atender la creciente conflictividad social en el país.

Camargo Assís solicitó al Gobierno Nacional realizar las articulaciones necesarias que activen de manera oportuna y efectiva los espacios de diálogo, en los que participen las comunidades que manifiestan inconformismos por las problemáticas que afrontan.

Además, pidió atender de manera efectiva las demandas ciudadanas, brindar respuesta efectiva a las inconformidades sociales y cumplir con los acuerdos que suscriban.
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