–La Contraloría General de la República constituyó dieciocho (18) hallazgos administrativos, de los cuales once (11) tienen incidencia fiscal por $52.528 millones y (13) connotación disciplinaria, en una Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Minas y Energía, sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a los subsidios de gas combustible e infraestructura para las vigencias 2017 a 2021.

Específicamente se verificó el procedimiento utilizado por esta entidad para la asignación, validación y pago de subsidios de gas combustible por red y el otorgamiento y pago de subsidios al consumo de GLP por cilindros, así como también la administración de los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural.

Las principales irregularidades identificadas en esta auditoría adelantada por la Contraloría Delegada de Minas y Energía se resumen así:

-Contribuciones no facturadas en cuantía de $13.450 millones por seis empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural.

En visita realizada por la CGR se evidenció que a usuarios industriales y comerciales atendidos por empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural durante las vigencias 2017 a 2021, se les otorgó la exención de la contribución, en un valor que suma $13.450.551.194, sin que estos usuarios hayan demostrado alguna(s) de las condiciones que define la norma correspondiente para acceder a ella.

La Contraloría verificó un inadecuado seguimiento por parte del Ministerio Minas y Energía en el cumplimiento de los requisitos para el acceso de la exención al impuesto de contribución.

-Construcción con recursos públicos en un lote privado de una estación descomprensora de gas en Quibdó, Chocó, la cual no está prestando servicio; se encuentra en abandono y desmantelada por la delincuencia.

Los 3.764 beneficiarios objeto de este proyecto, que corresponden a familias de estratos 1 y 2, no cuentan con el servicio de gas domiciliario, lo que ocasiona un detrimento al patrimonio del Estado por más de $8 mil millones ($8.158.365.575).

En visita fiscal realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a las instalaciones de la infraestructura del Sistema de Distribución en el Municipio de Quibdó, construida bajo el Convenio de Cofinanciación GGC N° 226 de 2014 y transferida al Consorcio Internacional de Servicios Públicos CISERPU E.S.P., se revelaron diversas irregularidades.

Lo primero es que se encontró que el inmueble no es propiedad del contratista y fue construido en un lote privado con recursos públicos, además está abandonado y desmantelado por hurto, debido a una gestión inadecuada.

Se evidenció pérdida de vigencia de garantías del Convenio de Cofinanciación, falta de seguimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía y ausencia de servicio de gas domiciliario para los beneficiarios, lo que genera un detrimento al patrimonio del Estado por el no funcionamiento de la obra.

Como resultado, los fondos invertidos no han logrado su objetivo social, dejando a miles de beneficiarios sin el servicio de gas domiciliario y generando un detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de $8.158.365.57

-Otorgamiento de subsidios a personas fallecidas y otros hallazgos.

En cuanto al Contrato Especial de Aporte GGC794 de 2019, se observa que los dineros invertidos no cumplen el fin social para el cual fueron destinados, dado que, a la fecha de la auditoria, se evidenció mediante revisión documental y visita fiscal, que la población que se pretendía beneficiar con el servicio de gas domiciliario del Municipio de Quibdó-Chocó no cuenta con la prestación del servicio.

La Contraloría estableció que los controles del aplicativo de subsidios GLP Cilindros establecidos por el Ministerio de Minas y Energía no han sido efectivos, dado que no contempla como regla de validación que el documento aportado no se encuentre cancelado por fallecimiento del titular, ocasionando con ello un mayor valor pagado a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras por el reconocimiento de subsidios a nombre de personas fallecidas, durante el periodo de enero de 2017 a julio 2023. Esta situación genera un detrimento patrimonial por más de $506 millones.

Otro hallazgo que se determinó en esta auditoría es que fueron otorgados subsidios a menores de edad que no cumplían con la condición establecida en la Resolución No 40720 de 2016, en la que se señala que el subsidio será entregado a los beneficiarios a través de la empresa comercializadora y/o distribuidora de GLP, presentando en el momento de la compra del gas, el original de la cédula de ciudadanía.

Esta situación evidencia debilidades de control en el aplicativo web GLP Cilindros, pues no restringe el otorgamiento del subsidio únicamente al tipo de documento de identidad cédula de ciudadanía, sino que admite cualquier otro tipo de documento.

A partir de la base de datos de este mismo aplicativo, del periodo comprendido entre enero de 2017 a julio de 2023, la cual contiene la dirección de los beneficiarios del subsidio, el equipo auditor evidenció casos direcciones remitidas que corresponden a predios ubicados en estratos 3, 4 y comerciales, de acuerdo con lo certificado por las alcaldías Municipales, cuando la entrega de los subsidios solo aplica a los estratos 1 y 2.