–“Ningún menor de 18 años en Colombia debe formar parte de los grupos armados ilegales. Por lo mismo y al ser sujetos de especial protección, como lo dice la Corte Constitucional, deben estar en el seno de sus familias, educándose en escuelas y colegios y no portando un fusil obligados ni bajo el mando de las estructuras armadas al margen de la ley”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El pronunciamiento lo hizo ante las recientes afirmaciones de un congresista en sesión plenaria del Senado de la República en el sentido que en las negociaciones de paz el Gobierno Nacional le habría dado licencia al Eln para reclutar niñas y niños entre los 15 y 17 años.

“El reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en el desarrollo del conflicto armado es un delito cruel que no tiene justificación. Infortunadamente, es naturalizado por quienes tienen mentes retorcidas, así como por quienes están al mando de organizaciones al margen de la ley, grupos que lo único que hacen es truncar el porvenir de las nuevas generaciones en nuestro país”, afirmó Carlos Camargo Assis.

Recordó el funcionario que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 005 del 2023, advirtió el aumento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, así como la existencia de «escuelas de entrenamiento» en Toribío, Caldono, Corinto, Buenos Aires y Suárez, en el departamento del Cauca.

“Ningún niño o niña, preadolescente o adolescente puede ser forzado y puesto a disposición de la guerra. El Eln y todos los grupos armados liberales tienen que entender que los niños no son combatientes, no son instrumentos, no son carne de cañón. Por lo tanto, es oportuno que el Gobierno sea contundente en la exigencia del fin de esta práctica en las diferentes mesas de conversaciones, como uno de los inamovibles para seguir negociando”, añadió el Defensor del Pueblo.

Afirmpo igualmente que las delegaciones del Gobierno de turno y el Eln deben dar a conocer con detalle cada acuerdo alcanzado en los ciclos de negociación para que la opinión pública y la sociedad en general, así como las entidades que velan por la protección de los derechos humanos, como es el caso la Defensoría del Pueblo, tengan claro el verdadero propósito en el camino hacia la paz para el país.

Camargo Assis advirtió dos puntos inamovibles en una negociación que tenga como fin alcanzar la paz con cualquier grupo armado: “El primero, y lo hemos dicho en distintas oportunidades y escenarios, es que las estructuras armadas le pongan fin al reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, y el segundo, que renuncien a la abominable práctica de los secuestros. Los dos delitos son una abierta infracción al derecho internacional humanitario”.

Dijo que a un menor de edad en el conflicto no solo le están violentando sus derechos fundamentales, sino que «también lo están condenando a sufrir problemas serios de salud, como depresión, ansiedad, estrés postraumático, por mencionar algunas afectaciones de consideración. Le están cercenando su futuro”.

Camargo Assís indicó que la Defensoría del Pueblo continúa monitoreando el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, manteniendo en el foco de su seguimiento la gravedad de este fenómeno para llamar la atención del Gobierno Nacional e insistir en la implementación de un programa integral para su prevención. El propósito es que sean mitigados los escenarios de riesgo advertidos por la entidad de derechos humanos a través del SAT.

Sobre el grave flagelo en Colombia, el Defensor resaltó las cifras del reclutamiento, así:

• La Defensoría del Pueblo lanzó en 2021 la ‘Estrategia Defensorial contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes’, la cual busca impulsar y fortalecer las acciones de prevención, atención, promoción y divulgación.

• A través del Sistema de Alertas Tempranas y la implementación del ‘Botón de registro de casos de reclutamiento’ de la entidad de derechos humanos se ha logrado evidenciar el aumento de la problemática y, lo que es más preocupante, la falta de acción institucional, el subregistro y aún más grave las violaciones de derechos contra la infancia y la adolescencia que siguen ocurriendo en el desarrollo del conflicto armado.

• Por medio del ‘Botón de registro de casos’, durante el 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los siguientes departamentos:

– Cauca (125)

– Norte de Santander (14)

– Nariño (10)

– Putumayo (6)

– Arauca (6)

– Valle del Cauca (5)

– Caquetá (5)

– Amazonas (4)

– Chocó (4)

– Antioquia (3)

– Meta (2)

• De estos, 110 casos son de niños y adolescentes y 74, de niñas y adolescentes.

• Las edades de las víctimas:

– 9 años (1 caso)

– 11 años (1 caso)

– 12 años (4 casos)

– 13 años (21 casos)

– 14 años (31 casos)

– 15 años (37 casos)

– 16 años (27 casos)

– 17 años (28 casos)

– 18 años (1 caso)

– En 15 casos no ha sido posible precisar la edad de las víctimas.

• En relación con la pertenencia, resulta importante mencionar que el 68,4% pertenece a comunidades indígenas, siendo este grupo poblacional el que en mayor medida se está viendo afectado por el delito.

• Durante el 2024 se han reportado 23 casos en los siguientes departamentos:

– Cauca (13)

– Nariño (5)

– Cundinamarca (3)

– Putumayo (1)

– Huila (1)

• Continúa siendo una preocupación que, de los 23 casos, 10 corresponden a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas.