Procuraduría destituyó e inhabilitó por 16 años a cuatro miembros del Ejército Nacional por infracciones al DIH en operación ‘Alacrán’
–(Imagen ilustrativa PGN). Cuatro militares adscritos al grupo ‘Sombra 3’ de la unidad ‘Agope Puma’ de la Brigada Móvil No. 1 del Ejército Nacional, fueron destituidos e inhabilitados por el término de 16 años por infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante la operación militar ‘Alacrán’ que se llevó a cabo en la vereda Bocana del Chigüiro, zona de litigio entre Meta y Caquetá.
Los sancionados son el cabo segundo Hugo Alberto Arévalo Landinez y los soldados profesionales, Jhonny Mosquera Pastrana, Yeferson Lizcano Duque y Carlos Arturo Villamil Parra, quienes, según el organismo de control sin que se presentara enfrentamiento, dispararon sus armas de dotación contra tres civiles que resultaron muertos, entre ellos una menor.
Estos uniformados actuaron sin verificar previamente y distinguir si estos ciudadanos eran combatientes o personas internacionalmente protegidas; no comprobaron si las personas a las cuales dieron muerte violentamente estaban participando directamente en las hostilidades, o si se encontraban en un enfrentamiento o en cualquier otra circunstancia que indicara que podrían ser miembros de un Grupo Armado Ilegal y, por tanto, podían ser catalogados como objetivos militares para atacarlos indiscriminadamente.
La Procuraduría reprochó el comportamiento de los disciplinados, pues aseveró que los miembros del Ejército tenían pleno conocimiento de que esa misión debía adelantarse con total acatamiento de las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario, DIH, pues así lo establecía la Orden de Operaciones 035 y, además, conocían las reglas de uso de la fuerza para repeler una agresión en contra de la vida de quienes integraban su unidad o la de un tercero.
La falta de los disciplinados fue calificada como falta gravísima a título de culpa gravísima, por violación de reglas de obligatorio cumplimiento.
Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento Disciplinario.


