–La Defensoría del Pueblo firmó el Pacto por el buen futuro y los derechos humanos de las trabajadoras domésticas, en acto realizado en Medellín, enmarcado en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Se trata de un compromiso interinstitucional que busca visibilizar y enfrentar las problemáticas que afectan a las trabajadoras domésticas en el territorio nacional, impulsando acciones concretas para garantizar sus derechos laborales, sociales y humanos desde un enfoque de género, territorial y étnico.

Se busca corregir las profundas desigualdades, pues según un estudio realizado por la Universidad del Rosario y la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, en Bogotá, el 70% de estas trabajadoras carece de seguridad social y el 40% percibe ingresos inferiores al salario mínimo.

Las cifras evidencian la precariedad y discriminación estructural que enfrentan no solamente en la capital del país, sino en Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), principalmente. Además, un número importante de ellas pertenece a comunidades desfavorecidas o migrantes, lo que agrava su vulnerabilidad.

Por ello que la Defensoría del Pueblo firmó el Pacto por el buen futuro y los derechos humanos de las trabajadoras domésticas, estableciendo una hoja de ruta para trabajar en la transformación de la situación actual de las trabajadoras domésticas.

Entre las organizaciones firmantes figuran la Intersindical de Trabajo Doméstico (conformada por la Utrasd, Sintrahin, Sintraimagra, Asotrabajadoras y Ultrahogar), el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Igualdad y Equidad.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Escuela Nacional Sindical y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), que acompañaron el evento, serán garantes de los ocho puntos acordados: diálogo inclusivo, campañas de sensibilización, asesoría y apoyo, fortalecimiento sindical, protocolos de intervención, prevención de violencias, investigación sobre las condiciones laborales y fortalecimiento de alianzas con actores relevantes para proteger sus derechos.

El Pacto representa un esfuerzo por cerrar las brechas históricas de desigualdad y construir una sociedad más justa. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado desde la capital antioqueña a todos los sectores de la sociedad a sumarse a esta causa, que busca dignificar el trabajo doméstico y garantizar condiciones laborales dignas para las mujeres que desempeñan tan importante labor.

Estos son algunos apartes del Pacto:

En virtud del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, uno de los fines esenciales e ineludibles del Estado es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, promoviendo el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que habitan el territorio nacional, así como de los nacionales fuera de él. Este mandato se complementa con el artículo 93, que establece que los derechos y deberes consagrados en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales prevalecen en el orden interno.

En desarrollo de estos principios, el texto constitucional, a través del artículo 281, creó la Defensoría del Pueblo
como la institución nacional de derechos humanos encargada de velar por la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos, así como de contribuir a garantizar la supremacía y la efectividad de las garantías
constitucionales y legales en todo el país.

Adicionalmente, la Constitución Política en su artículo 25 definió que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de toda la protección del Estado.

El artículo 26, por su parte, consagró la libertad de oficio y la obligación del Estado de inspeccionar el ejercicio de las profesiones. El artículo 39 definió el derecho a formar sindicatos para la defensa de los derechos de las trabajadoras.

Finalmente, el artículo 53 definió los principios fundamentales del derecho humano al trabajo, que incluye la remuneración mínima, vital y móvil, la estabilidad en el empleo, a irrenunciabilidad de los mínimos laborales, la
primacía de la realidad sobre las formas, la garantía de la seguridad social y la protección especial a la mujer trabajadora, entre otros aspectos.

En el marco internacional de los derechos humanos, la Organización Internacional del Trabajo -OIT- ha promovido la formalización del trabajo doméstico a través de dos normas internacionales del trabajo. De un lado, el convenio 189 que justamente aborda los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, garantizando condiciones de trabajo justas y protección social, y promoviendo su igualdad de trato respecto a otros trabajadores, ratificado por Colombia en 2014. En segundo lugar, y el Convenio 190 que lucha contra la violencia y el acoso en el trabajo. Este último se encuentra en proceso de ratificación en el Congreso de la República.

Este compromiso se hace especialmente relevante teniendo en cuenta la alta feminización del trabajo doméstico en Colombia (98% de mujeres), las disparidades regionales (el 84% de las trabajadoras se concentran en áreas urbanas, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali) y la informalidad en la que la mayoría de estas trabajadoras realizan sus labores (el 70% de las trabajadoras domésticas en Bogotá no tienen seguridad social y el 40% de este grupo, percibe ingresos por debajo del salario mínimo).

Las mencionadas cifras demuestran que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado, invisible y que lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación relacionadas con sus condiciones de empleo y trabajo, así como a otras vulneraciones de sus Derechos Humanos.

En ese sentido, las entidades aquí firmantes nos comprometemos a:

1. Crear espacios de diálogo y participación que transversalicen el enfoque de género y permitan identificar cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan las trabajadoras domésticas frente a la garantía de sus derechos.

2. Realizar campañas de difusión y de promoción para que la sociedad en su conjunto reconozca derechos de las trabajadoras domésticas y su aporte a la sociedad.

3. Promover, junto a las autoridades regionales, espacios de apoyo para que las trabajadoras domésticas puedan acudir y obtener asesoría en sus procesos de exigibilidad de derechos.

4. Promover la asistencia técnica a organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas.

5. Diseñar conjuntamente protocolos y mecanismos que permitan una intervención oportuna y eficiente en las situaciones vulneradoras de derechos a las trabajadoras domésticas.

6. Diseñar conjuntamente protocolos y campañas para prevenir y abordar la violencia y el acoso, basado en un enfoque inclusivo, diferencial, integrado y que tenga en cuenta las relaciones de género.

7. Promover investigaciones relacionadas con la situación de garantía del derecho humano al trabajo de las trabajadoras domésticas y sobre las propuestas que surgen para transformarla.

8. Invitar a otros actores relevantes a sumarse a esta iniciativa para fortalecer la reacción institucional o social en favor de los derechos de las trabajadoras domésticas.

Finalmente, las entidades firmantes asumimos la tarea de realizar un seguimiento periódico al avance en la implementación de los compromisos aquí consignados, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de este pacto y
su impacto positivo en la región.