–«Es decir los contratistas del estado, quieren censurar al jefe del estado». Con esta frase reaccionó el presidente Gustavo Petro a la tutela que admitió el Consejo de Estado mediante la cual se pretende prohibir la transmisión por televisión de sus consejo de ministros, proceso al cual fueron vinculados los canales RCN, Caracol Televisión y Canal Uno, como terceros con interés en el asunto.

La acción judicial fue promovida por María Cristina Cuellar Cárdenas, quien presentó la tutela en el Juzgado I Promiscuo del municipio de Calima, Valle del Cauca, el cual la remitió al Consejo de Estado por estimar que correspondía a esta Corporación su conocimiento, por tratarse del presidente de la República.

Al efecto, el citado juzgado notificó que son competencia del Consejo de Estado «las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno, de conformidad con lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991».

El Consejo de Estado «en atención a lo expuesto y de conformidad con lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, «ADMITE en primera instancia la acción de tutela de la referencia, instaurada por María Cristina Cuellar Cárdenas, en nombre propio, contra la Presidencia de la República».

El presidente Gustavo Petro también señala frente a la tutela instaurada en su contra: «Esto está bueno. El pluralismo informativo y el derecho a la verdad que ordena la constitución, en vilo».

Además precisa: «Sabremos por fin los colombianos si la democracia informativa es posible bajo nuestra Constitución y nuestra ley. O lo que se desarrolla es el linchamiento del presidente porque es progresista»

El jefe del Estado advierte que su antecesor Iván Duque «si podía salir todos los días en tv y no había problema»

Y puntualiza: «Empezaron diciendo que el consejo de ministros transmitido era un circo, y ahora, están tan asustados que quieren censurarlo. Es el miedo a verdades muy ocultas».

En trino aparte, el presidente Gustavvo Petro, profundiza en el tema y formula varios interrogantes. Ests son sus precisiones:

Yo quiero que me expliquen: Caracol, RCN y el extraño canal UNO, ¿por qué hay una tutela contra el presidente por expresarse, en el espectro electromagnético qué según la constitución nacional, es público, inembargable y, oigan bien: inenajenable, pero no la hubo para la transmisión diaria del programa del presidente Duque?

¿El espectro electromagnético fue privatizado en Colombia, contra la constitución, sin que nos diéramos cuenta?

Por el espectro electromagnético, propiedad de la Nación, no puede expresarse sino los grandes dueños del capital que son los dueños de los canales privados, en contravía del derecho constitucional al pluralismo informativo y la veracidad? ¿Los canales privados entonces significan expropiación del espectro electromagnético nacional?

¿Colombia será el primer país del mundo actual en censurar a su presidente, elegido por el voto popular, por poderes fácticos, no elegidos en ninguna parte, pero eso si, dueños de mucho dinero, y el presidente es progresista y del campo de los trabajadores?

¿O, como si ha ocurrido en muchos países del mundo, se busca censurar al presidente porque quieren provocar el golpe parlamentario , para anular el voto popular del 2022 inconstitucionalmente?

¿Por qué la empresa Caracol, contratista del Estado, no ha corregido públicamente la aseveración del CNE que dice que sobrepasé los topes de campaña, por un pago a canal Caracol, cuando lo que pasó es que la contabilidad de la empresa Caracol, se equivocó al expedir doble factura por el mismo hecho, error contable que se corrigió en el momento de producirse, como la ley ordena, ante la DIAN?

Invito a todos los expertos jurídicos en el tema del pluralismo informativo y la televisión a expresarse en este proceso que se inicia, y que merece la pena estudiar nacional e internacionalemente a profundidad. Fin del trino presidencial.

El senador de Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, presentó una tutela contra el Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, «para que se acabe este abuso de las alocuciones, más aún cuando son estos penosos Consejos de Ministros».

Los colombianos tienen derecho a la información, por eso le he puesto una tutela al Dapre para que se acabe este abuso de las alocuciones, más aún cuando son estos penosos Consejos de Ministros pic.twitter.com/VVJHqF0Pub

— Miguel Uribe (@MiguelUribeT) March 26, 2025

Pero, además de las tutelas, el presidente Gustavo Petro fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, «por persecución política».

La acción fue instaurada en Washington por un grupo congresistas encabezados por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, quien señaló que se pidió a la CIDH «medidas cautelares, ante la persecución política del presidente Gustavo Petro en nuestra contra por asumir una posición crítica a su reforma laboral».

Cepeda agregó que se solicitó al organismo internacional «el amparo de los derechos políticos, de libertad de conciencia y religiosa, y a la integridad personal de los congresistas que hemos cuestionado al presidente”.

Y remató: «Que quede en la memoria de todos los colombianos que estos congresistas tuvieron que salir a pedir garantías ante un Gobierno que busca desconocer permanentemente la separación de poderes, que ultraja a los congresistas que no obedecen las imposiciones del Gobierno y que vive exponiendo la seguridad de los que no están de acuerdo con él al descalificarlos y tratarlos de criminales».

Efraín Cepeda finaliza diciendo que «los ojos del mundo están puestos en Colombia y en la defensa de su democracia y sus instituciones. Seguimos en la lucha».

Con Cepeda, la delegación del congreso la integran los senadores Ana Paola Agudelo, del Partido Mira; Berenice Bedoya, del Partido ASI; Lorena Ríos, del Partido Colombia Justa Libres; Nicolás Echeverry, del Partido Conservador; Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal; Carlos Abraham Jiménez, del Partido Cambio Radical, y Honorio Henríquez, del Partido Centro Democrático. Y por la Cámara, Katherine Miranda, de la Alianza Verde.