–La Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz urgió al Gobierno Nacional a acompañar a las comunidades de por lo menos cuatro municipios del departamento del Caquetá constreñidas por un paro armado que declaró el llamado frente Carolina Ramírez bajo el mando de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, supuestamente en reacción a la ofensiva lanzada por la fuerza pública contra esa agrupación ilegal armada.

El paro armado se desarrolla desde hoy en los municipios de Solano, Puerto Rico, La Montañita y Cartagena del Chairá, en Caquetá, indicó la Defensora del Pueblo en su cuenta en X, urgiendo al Gobierno y a las autoridades en general a acompañar a las comunidades por parte de todas las autoridades, así como protegerlas de posibles retaliaciones.

La acción armada que promueven las disidencias de las Farc fue anunciado en un audio en el que el autodenominado frente Carolina Ramírez de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco anuncian y decretan un paro armado por los ríos Caguán y Caquetá afectando varios municipios del departamento del Caquetá, señala la Defensora.

Agrega que este tipo de acciones de restricción de la movilidad y presión contra la población civil se constituyen como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y vulneran los derechos fundamentales de las personas miembros de las comunidades.

«Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad y la integridad de la población de los municipios de Solano, Solita, Cartagena del Chairá. Curillo, La Montañita y Puerto Rico», puntualiza.

Además insta «al Estado a reforzar su presencia institucional en el territorio, no solo desde el enfoque de seguridad, sino también a través del cumplimiento efectivo de los compromisos del Acuerdo de Paz y del desarrollo integral del territorio».

La Defensoría del Pueblo anuncia que activó sus rutas de atención y seguimiento y subraya que continuará acompañando a las comunidades afectadas, visibilizando las denuncias y promoviendo acciones para proteger sus derechos.

«El derecho a la paz y a la vida digna no puede ser suspendido por quienes pretenden sembrar el miedo en los territorios. Reiteramos nuestro compromiso con las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y exigimos a todos los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario», concluye la Defensora del Pueblo.