–(Imagen @grupovanti). La Superintendencia de Servicios mediante Resolución ordenó a Vanti S.A. el desmonte de los incrementos que aplicó a las tarifas del gas –4,95% en enero y 35,5% en febrero–, pues no estaban justificados, ya que la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda esencial. Además determinó que la empresa debe devolver la totalidad de los cobros indebidos.

En un comunicado, la Superservicios indicó que el Programa de Gestión que le impuso a distribuidora de gas natural, tiene el objetivo de que ajuste la tarifa del servicio público de gas natural a partir del consumo de diciembre de 2024 facturado en enero del 2025 y devuelva a los usuarios los montos a los que haya lugar.

Explicó que tras la revisión de la facturación y de la información comercial reportada por la empresa, encontró que de acuerdo con el contrato con ECOPETROL, Vanti disponía de suficiente gas pero decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial.

Dado que el gas importado tiene un precio mayor, este hecho le sirvió de argumento para incrementar las tarifas a las familias y demás personas naturales, advirtió el organismo de control.

«Esta conducta viola la regulación tarifaria del servicio público de gas combustible por redes establecida en la Resolución CREG 137/13 y constituye un incumplimiento de la obligación de prestar de forma eficiente el servicio público domiciliario a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca», puntualizó la SuperServicios.

Añadió que el programa impuesto tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios ordenando a Vanti recalcular las tarifas, devolver el 100% de las sumas cobradas en exceso e incorporar disposiciones de gobierno corporativo encaminadas a garantizar que Vanti S.A. no vuelva a incurrir en cobros indebidos.

La Superintendencia destacó que es la primera vez que impone un Programa de Gestión, una figura vigente desde el año 2015, que está en armonía con la ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142/94, art. 79) y que se toma sin perjuicio de las sanciones administrativas y consecuencias penales a que haya lugar. Por esta razón en la resolución la Superservicios ordena iniciar el proceso sancionatorio y de remitir copias a los entes de control, a la Superindustria y a la Fiscalía General de la Nación.