–El Gobierno Nacional reportó que se anotó un triunfo jurídico ante el Consejo de Estado que, tras diez años de litigio, falló a favor de Ecopetrol una demanda presentada por la compañía Worldwide Energy Investment Ltd. (WEI) y la libró de pagar 210 millones de dólares, que exigía la petrolera, por supuestos perjuicios en la cancelación anticipada de un convenio.

La disputa surgió en 2015 cuando WEI presentó una demanda por daños económicos tras la terminación anticipada de un convenio entre Ecopetrol y la Universidad Industrial de Santander (UIS) para desarrollar el proyecto Campo Escuela Colorado, que tenía por objeto la colaboración empresarial, científica y tecnológica, y en el que la firma internacional actuaba como aliado estratégico del claustro universitario.

WEI argumentó que las decisiones de Ecopetrol le causaron perjuicios económicos y demando a la estatal petrolera al considerar que tenía una responsabilidad extracontractual, debido que las decisiones adoptadas por la empresa estatal le habían generado un daño antijurídico.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) intervino en el proceso y demostró que no existió ningún vínculo jurídico entre Ecopetrol y la empresa demandante.

El equipo de abogados de la ANDJE que actuó en el proceso argumentó que no existía vínculo jurídico entre Ecopetrol y WEI, pues jamás hubo una relación contractual con los demandantes, quienes pactaron exclusivamente con la UIS.

En los alegatos la Agencia demostró que la terminación del convenio se realizó conforme a lo acordado con la universidad, sin que Ecopetrol incurriera en actuaciones que generaran responsabilidad patrimonial.

El caso fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda en agosto de 2023. Esa decisión inicial fue confirmada en su totalidad por el Consejo de Estado.

El alto tribunal concluyó que no existió actuación de mala fe por parte de Ecopetrol ni expropiación de las inversiones de WEI. Con esta decisión, se cerró el litigio, la ANDJE protegió el patrimonio público y el país reafirmó la solidez jurídica de las actuaciones estatales.

El Gobierno mantiene así su compromiso con la defensa técnica y rigurosa del interés público, la seguridad jurídica y la protección del patrimonio de la ciudadanía colombiana, principios que orientan labor de entidades como la ANDJE en todos los procesos judiciales en los que interviene.