Excabecillas de las Farc reconocieron ante la JEP su condición de máximos responsables del reclutamiento de menores, violencia sexual, abortos forzados y otras atrocidades
–Rodrigo Londoño, alias «Timochenko» y los demás integrantes de la última cúpula de las desaparecidas Farc, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo, reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su condición de máximos responsables del reclutamiento forzado de niñas y niños, así como la violencia sexual intrafilas, los abortos forzados y los tratos crueles e inhumanos, hechos que consideraron como “errores cometidos en el marco del conflicto armado”.
Lo hicieron en un documento que radicaron el pasado 7 de julio, y en el cual comienzan afirmando: “Hoy tenemos el valor de asumir la responsabilidad por las afectaciones que, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado sufrieron los menores que hicieron parte de filas».
Añaden que la «incorporación de menores fue un error profundo en el marco del Derecho Internacional Humanitario, un error que marcó vidas enteras y que rompió familias”.
Sobre los abusos sexuales a los menores de edad reclutados, aseguran que «no fue una política de la agrupación y que, así como ocurrió en sus filas, también fue perpetrada por otros actores del conflicto como consecuencia casi que esperada de la guerra».
Por separado, en un capítulo dedicado a los descargos, cada uno de los excabecillas establecen el grado de responsabilidad en estos delitos de lesa humanidad y las acciones restaurativas que determina el proceso en la justicia transicional.
Timochenko señala, por ejemplo, que reconoce que «el reclutamiento de menores de 15 años se configuró como una práctica de facto dentro de las extintas FARC-EP» y afirma que «obedeció a una falta de control efectivo”.
Sin embargo, establece que «no le es posible reconocer los crímenes de tortura, esclavitud sexual ni el crimen de guerra de cualquier otra forma de violencia sexual por el patrón de violencias por prejuicio sufridas por niños y niñas con OSIEGD reclutados”.
El documento, radicado el 7 de julio, fue firmado por los comparecientes Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo, exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP, así como por su equipo de defensa.
Sobre este reconocimiento, la JEP indicó que el despacho relator del Caso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños, evalúa la respuesta que presentaron los seis exintegrantes del antiguo Secretariado de las extintas Farc-EP, frente a la decisión de la Sala de Reconocimiento.
El documento, radicado el 7 de julio, fue firmado por los comparecientes Rodrigo así como por su equipo de defensa.
Subraya que mediante el Auto 005 de 2024 los llamó a reconocer su responsabilidad penal individual por cinco patrones macrocriminales:
1. Reclutamiento y utilización de niñas y niños, incluidas personas menores de 15 años.
2. Malos tratos, torturas y homicidios en el marco de la vida intrafilas.
3. Violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas.
4. Violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas.
5. Violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.
Advierte la JEP que el Caso 07 busca cerca de 300 niñas y niños reclutados que están desaparecidos. La sala también determinó que la situación de las niñas y niños reclutados con paradero desconocido corresponde al 30% del total de las víctimas reclutadas registradas por la JEP.
Igualmente precisa que en esta etapa procesal, el Caso 07 evaluará si el proceso sigue la ruta restaurativa con reconocimiento de responsabilidad, en caso de que la respuesta de los comparecientes cumpla con las tres dimensiones del reconocimiento: la fáctica, la jurídica y la restaurativa.
Por el contrario, subraya, si la Sala de Reconocimiento de Verdad considera que el caso debe avanzar por la ruta adversarial, enviará su proceso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Si la UIA decide acusar a los comparecientes ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz y son vencidos en juicio, se podrían enfrentar a penas de hasta 20 años de prisión.
En la investigación, la magistratura estableció que, entre 1971 y 2016, las extintas Farc-EP reclutaron a 18.677 niñas y niños. Estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016, periodo en el que se concentró el #Caso07.
Jurisdicción Especial para la Paz
Finalmente la JEP indicó que a la fecha, 10.253 víctimas se han acreditado para participar en este proceso: 1.350 individuales y 8.903 pertenecientes a cinco Pueblos Indígenas.
A propósito del tema, Camilo Suárez, magistrado de la Sección de Reconocimiento de Verdad, explica qué sucederá una vez la JEP emite sentencia e imponga las sanciones propias a los máximos responsables que han aportado verdad y reconocido responsabilidad.
Colombianos y colombianas preguntan.
Magistradas y magistrados del Tribunal para la Paz de la JEP explican.En este video, Camilo Suárez, magistrado de la Sección de Reconocimiento de Verdad, nos cuenta qué sucede una vez la JEP emite sentencia e impone #SancionesPropias a los… pic.twitter.com/N9OHEnmAYi
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 8, 2025
