–La Contraloría General de la República culminó una auditoría de cumplimiento a los recursos transferidos al Departamento del Magdalena por el Sistema General de Participaciones (SGP – Salud Pública y Oferta) y el Fondo Local de Salud, correspondientes a las vigencias 2023 y 2024, donde evidenció presuntas irregularidades administrativas y financieras por un valor total de $3.765.833.424, distribuidos en dos contratos ejecutados por la Gobernación del Magdalena.

En 2023, la Gobernación del Magdalena celebró el contrato CI-776-2023 con la E.S.E. Hospital Julio Méndez Barreneche, por un valor final de $4.362 millones, para desarrollar acciones de gestión en salud pública. Sin embargo, la Contraloría verificó que las actividades ejecutadas no correspondieron al anexo técnico firmado contractualmente, sino a un documento paralelo sin respaldo contractual.

Adicionalmente, se detectó que no se aportó evidencia documental de la adquisición, almacenamiento ni distribución de insumos por valor de $1.867.757.554, que incluían reactivos de laboratorio, equipos biomédicos, y elementos para control de enfermedades. Tampoco se allegaron los contratos del personal técnico vinculado, ni soportes de costos discriminados por actividad.

Este hallazgo fue calificado con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, siendo trasladado a la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones correspondientes.

Adquisición de equipos biomédicos sin registros ni soporte documental

En 2024, la Gobernación del Magdalena ejecutó el contrato PS-0991-2024, por $4.930 millones, para el fortalecimiento de la gestión en salud pública. En este marco, se registraron pagos por $1.898.075.871 en adquisición de equipos biomédicos, mejoramiento de infraestructura y aparatos de laboratorio, sin que existan documentos de soporte como facturas, ingresos a almacén o informes del supervisor que acrediten el cumplimiento contractual.

La propia entidad reconoció que los equipos fueron instalados directamente sin pasar por el procedimiento formal de ingreso a almacén, lo que constituye un incumplimiento contractual y una omisión de control sobre bienes adquiridos con recursos públicos.

Este hallazgo también fue validado con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, y será trasladado a la Procuraduría General de la Nación.

Llamado de la Contraloría

La Contraloría General de la República reitera que los recursos del Sistema General de Participaciones y del Fondo Local de Salud están destinados exclusivamente a la prestación eficiente, oportuna y documentada de servicios de salud pública, y cualquier desviación, falta de soportes o incumplimiento contractual constituye un riesgo fiscal, disciplinario y eventualmente penal.

Esta entidad continuará ejerciendo el control fiscal con enfoque preventivo y correctivo, en coordinación con los órganos de control competentes, para garantizar que cada peso público se traduzca en bienestar efectivo para la ciudadanía.