–La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección y al Inpec investigar y adoptar medidas frente a las amenazas recibidas por funcionarios de la Personería de Bogotá y del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec, aparentemente provenientes de las cárceles La Picota y La Modelo, por el desarrollo de sus funciones al interior de los centros de reclusión.

«Ninguna forma de violencia o intimidación puede ser justificada como mecanismo de exigencia de derechos», precisó la entidad de control humanitario al rechazar esas acciones originadas en los propios centros carcelarios de la capital de la República.

Concretamente, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección y al Inpec para que, en el menor tiempo posible, adelanten las siguientes actuaciones:

-A la Fiscalía General de la Nación investigar de manera pronta y efectiva estos hechos, así como reportar sus hallazgos a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que se ocupan de controlar la sanción de los presuntos responsables, para que valoren esta circunstancia al momento de decidir sobre la libertad condicional de los supuestos implicados, que se adopten medidas idóneas para impedir que las amenazas se consumen y propiciar espacios de diálogo para promover lugares de privación de la libertad adecuados y seguros.

-Al Inpec hacer un uso razonable y proporcional de todos mecanismos a su alcance para controlar efectivamente el orden al interior de los centros de reclusión y evitar que se materialicen las amenazas objeto del presente comunicado. Además, construir una ruta de denuncia y protección efectiva para proteger la vida e integridad de sus funcionarios.

-A la Unidad Nacional de Protección realizar las valoraciones de riesgo necesarias y garantice la protección adecuada de los funcionarios amenazados y sus familias.