–Concluyó en la ciudad de Valledupar, la Audiencia Pública convocada por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, a la cual comparecieron 12 exintegrantes del Batallón La Popa del Ejército Nacional que reconocieron su responsabilidad en los «falsos positivos» registrados en los departamentos de Cesar y La Guajira, como paso previo a la emisión de las condenas que oscilarán entre cinco y ochos años, pero que no serán de cárcel, sino de trabajos, obras y labores de carácter restaurativo.

Por el momento, solo el coronel retirado Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón podría recibir una condena de cárcel efectiva de hasta 20 años, tras no aceptar cargos como principal responsable de asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como falsas bajas en combate en Cesar y La Guajira entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

En este subcaso se juzga a dos mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales, que confesaron su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El representante del Ministerio Público, Fernando Burgos, en su intervención, señaló que comparte la postura de la JEP en cuanto a que los aportes entregados por los comparecientes de la fuerza pública superaron el umbral de verdad. «Por tanto, consideramos que las condiciones de verdad para proferir sentencia están dadas en este subcaso, sin prejuicio de considerar que la necesidad de verdad siempre tendrá vigencia”, indicó.

El magistrado Roberto Carlos Vidal López afirmó que esta diligencia “es un gran paso para la JEP, que nos acerca a la sentencia y definición final de estos procesos restaurativos que adelantamos”.

También destacó que el modelo dialógico de la JEP está “aportando y creando una posibilidad, a través del derecho, de construir la paz y de poner en el centro, como nunca antes en la historia, los derechos de las víctimas”.

Antes de definir los TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador) que deberán cumplir como parte de su sanción, el Tribunal debe verificar que la sentencia proteja los derechos de las víctimas, brinde seguridad jurídica a las partes y cumpla con los estándares nacionales e internacionales.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, señaló que ahora entra a verificar si se cumplen las condiciones judiciales y técnicas para imponer sanciones propias a los 12 exintegrantes del Batallón La Popa, quienes han reconocido responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas en esta región del país.

Durante la diligencia, se verificaron los compromisos asumidos por los 12 comparecientes, determinados como máximos responsables, así como el apoyo del Estado en la implementación de los proyectos restaurativos a los que se vincularán como parte de su sanción y para contribuir a enmendar los daños causados, señaló la JEP.

Más de 200 víctimas acreditadas, junto a autoridades étnicas y 40 entidades del Estado, participaron en esta audiencia cuyo objetivo era el de «transformar el daño causado en acciones reales orientadas a garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición».

Este momento es el resultado de un proceso dialógico y restaurativo, en el que se identificaron patrones macrocriminales, se reconocieron los daños causados y se priorizaron los proyectos que se podrían incorporar como parte del componente reparador de la sanción.

El primer día se verificarán los aportes a la verdad realizados por cada compareciente de la fuerza pública. A partir de un trabajo previo de solicitud y contrastación de información al interior de la JEP y de otras entidades del Sistema Integral para la Paz (SIP), la magistratura presentará los contenidos de los documentos allegados por cada compareciente.

La diligencia buscaba asegurar que las Sanciones Propias que impondrá el tribunal, una vez se emita la sentencia, cumplan con los requisitos legales necesarios para su implementación, pero también que sean viables, sostenibles y efectivas. El propósito es claro: que estas sanciones se traduzcan en compromisos reales, capaces de transformar el daño causado en acciones concretas de reparación para las víctimas, las comunidades y los Territorios.

Al mismo tiempo, la audiencia pretendía verificar el avance, la viabilidad y la pertinencia de los nueve proyectos restaurativos a los que se vincularían los comparecientes como parte de su sanción.

Estas iniciativas surgieron del diálogo directo con las víctimas, quienes expresaron cómo entendían una reparación que responda a sus necesidades, sus dolores y sus apuestas de futuro. Las entidades del Gobierno convocadas presentarán los compromisos institucionales que asumirán para garantizar la implementación y sostenibilidad de estos proyectos.

El presidente de la JEP, el magistrado Ramelli, destacó la importancia de realizar esta audiencia en la Costa Caribe, de la mano de los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas Wiwa y Kankuama.

“Estamos trayendo justicia por crímenes atroces cometidos contra la población civil, que atropellaron de manera particular a estos pueblos, sus creencias, sus estilos de vida, sus proyectos. Trabajamos para que las sanciones que se impongan ayuden a restablecer los daños causados”, dijo.

Al iniciar la jornada, la presidenta de la sección, la magistrada Ana Manuela Ochoa hizo un reconocimiento al dolor y resiliencia de las víctimas. “Sabemos que el dolor que ustedes han padecido es demasiado grande, incluso para nombrarlo, sabemos que ustedes no han descansado ni descansarán hasta que las historias de sus seres queridos sean contadas.

Hoy también queremos honrar su fuerza, su valentía, su incansable rectitud y resistencia. Sabemos que gracias a esa fuerza, y a esa decisión de trabajar incansablemente por la memoria y por la justicia será posible restaurar el orden de nuestro país y empezar a sanar”, señaló.

Con esta audiencia, la JEP avanza en la definición de la situación jurídica de los máximos responsables que han reconocido su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad en la JEP.

Esta audiencia marca un hito en la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz y del país. Por primera vez, se presentan públicamente proyectos restaurativos construidos de manera participativa con las víctimas, orientados a dignificar la memoria, proteger el territorio, acompañar la búsqueda de personas desaparecidas y prevenir la repetición de hechos atroces.