–El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2026. Su monto asciende a $557 billones, que equivale al 28,9 por ciento del PIB.

Según el jefe de las finanzas nacionales, este presupuesto refleja una estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo, donde la eficiencia del gasto y la priorización de la inversión se convierten en pilares fundamentales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país.

Del monto total 2026, $26,3 billones (1,4% del PIB) corresponden a recursos contingentes cuya ejecución dependerá de la aprobación de la Ley de Financiamiento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 347 de la Constitución Política y el artículo 54 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP)2.

El ministro destacó que la aprobación de la ley de financiamiento permitirá contar con las fuentes de recursos para gastos por igual cuantía, por lo que el monto del PGN propuesto es consistente con la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, 2025, según 10 previsto por la ley 1473 de 2011, modificada por la Ley 2155 de 2021.

Además señaló que este proyecto de ley, en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, permite una gestión fiscal compatible con la protección de la estabilidad macroeconómica. Un ajuste fiscal que asfixie el crecimiento pondría en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública: reduciría la base del recaudo tributario y la capacidad de pago del país.

La activación de la cláusula de escape de la regla fiscal se enmarca en un ejercicio de previsión fiscal orientado a mitigar riesgos sobre la estabilidad macroeconómica del país. La Constitución ordena al Estado actuar con previsión
ante riesgos que puedan comprometer el bienestar colectivo sin esperar a que se materialice una crisis para adoptar medidas correctivas.

Un ajuste fiscal abrupto, que desencadene una fuerte contracción del gasto público, podría precipitar una contracción económica significativa, con graves consecuencias sobre el empleo, la inversión y la calidad de vida de los colombianos.

Este proyecto de ley es una apuesta estratégica, alineada con enfoques internacionales postpandemia, sobre el papel del Estado frente a los retos de la humanidad en el siglo XXI. Las reglas fiscales modernas cuentan con mecanismos de flexibilidad condicionada, que permitan proteger la inversión pública sin debilitar la sostenibilidad fiscal.

El uso de cláusulas de escape, enmarcado en una estrategia de transformación productiva, contribuye simultáneamente a evitar crisis macroeconómicas y a reducir el riesgo de crisis fiscales recurrentes.

Muchos países, especialmente desarrollados, están flexibilizando sus reglas fiscales para financiar mayores gastos militares. Este proyecto de ley plantea utilizar esta flexibilidad para proteger la vida, impulsar la inversión social y transformar su modelo productivo, al tiempo que fortalece el gasto en defensa y seguridad. Esta diferencia es fundamental: mientras otros financian la guerra, nosotros financiamos la vida, la paz, la seguridad y la modernización productiva con justicia social.

El país necesita impulsar el desarrollo nacional hacia un modelo económico más diversificado, dinamizado por procesos de digitalización y descarbonización. Esta transformación estructural permite, a su vez, expandir el potencial de recaudo tributario, lo cual favorece la sostenibilidad fiscal.

La concentración de recursos en concesiones viales y subsidios a combustibles fósiles ha tenido bajo impacto en la reducción de la desigualdad de desarrollo existente entre regiones y en la modernización económica el país, en términos
de superación de la excesiva dependencia del petróleo y del carbón.

Este proyecto de ley cambia este enfoque en aras de reivindicar el rol de la gestión pública para liderar la transformación social y productiva, alineándose con los principios de equidad y justicia del Estado Social de Derecho y los objetivos del programa de gobierno contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023).

Gran parte del gasto del PGN se deriva del cumplimiento de mandatos constitucionales y legales. Además, eI margen de maniobra presupuestal para programar nuevo gasto de inversión está restringido por cuenta del pago de los compromisos de vigencias futuras y el pago de deudas heredadas de la pandemia.

Este proyecto de ley programa el pago de esas inflexibilidades del gasto. No obstante, su diseño busca preservar los niveles de inversión pública y gasto social, en un marco de sostenibilidad fiscal, acorde con el cumplimiento de los
mandatos constitucionales y desarrollos legales sobre la materia4. Sin ese tipo de inversiones, persistirá la desigualdad social y regional, el potencial de crecimiento seguirá siendo limitado y vulnerable, expuesto a las fluctuaciones de los precios internacionales de materias primas como el petróleo y el carbón, cuya demanda inexorablemente continuará decayendo a nivel global.

Con esto en mente, se propone un Pacto Fiscal amplio dirigido a lograr los consensos sociales y políticos que permitan impulsar las reformas estructurales requeridas para aumentar los ingresos corrientes de la nación y mantener niveles de gasto público financieramente sostenibles, dentro de altos estándares de calidad y eficiencia. Sin este acuerdo, las reformas económicas y sociales que requiere el país para afrontar sus retos estructurales quedarían truncadas.

Los supuestos macroeconómicos empleados para formular el PGN 2026 fueron presentados a consideración del Congreso de la República y la opinión pública el pasado 13 de junio.

El PGN 2026 se mantiene constante como porcentaje del PIB en 28,9% en comparación con 2025. Sin considerar el servicio de la deuda pública, que asciende a $102 Billones (5,3%% del PIB). Este rubro disminuiría $10,2 billones (-9%) desde $112,6 billones en 2025, como resultado de un menor pago de intereses, producto de operaciones de manejo de deuda en los mercados financieros.

EI gasto de funcionamiento programado es altamente inflexible. Cinco rubros explican alrededor del 80% de su crecimiento en 2026 respecto a 2025: SGP; pensiones incluidas las asignaciones de retiro; aseguramiento en salud;
Instituciones de Educación Superior Pública (IESP) y gastos operacionales (nómina, mantenimiento y servicios públicos) de Defensa, Policía, Rama Judicial, Fiscalía y Órganos Autónomos (Congreso, Contraloría, Procuraduría y Registraduría).

Pese a la rigidez presupuestal, la inversión pública programada asciende a $88,8 billones en 2026 (4,6% del PIB), 0,3 puntos porcentuales del PIB superior a la registrada en 2025, cuando llegó a 4,3% del PIB.

El PGN 2026 busca materializar el mandato popular del programa de gobierno «Colombia Potencia Mundial de la Vida», al asignar recursos estratégicos en salud preventiva, educación superior gratuita, transición energética con enfoque solar, movilidad férrea, acceso universal al agua potable y la implementación integral del Acuerdo de Paz.

Finalmente, cabe resaltar que el PND es una ley vinculante que direcciona la política estatal, según 10 dispuesto por los artículos 339 y 341 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994). Su
materialización se debe reflejar en la programación presupuestal, donde las metas y estrategias del PND deben orientar la asignación de recursos en un marco de responsabilidad fiscal.