–Son cuatro los proyectos de ley presentados a consideración del legislativo, orientados a enfrentar amenazas tecnológicas emergentes, modernizar el marco normativo de la defensa, dignificar la carrera militar y ampliar los beneficios para los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias.

El Gobierno de Gustavo Petro aspira a que las iniciativas sean aprobadas en el Congreso para garantizar la seguridad nacional y el bienestar de la fuerza pública.

Regulación de drones

El primer articulado define un marco normativo para la regulación de drones y sistemas antidrones, ante el crecimiento del mercado de estas tecnologías y su uso por parte de grupos armados ilegales, que este año ya han ejecutado más de 160 ataques contra la Fuerza Pública.

La iniciativa define competencias entre autoridades civiles y militares para su regulación, crea registros nacionales y modifica el Código Penal para sancionar con mayor severidad el uso de estas aeronaves en actos terroristas.

Ley de Defensa Nacional

El segundo proyecto busca dotar al país de una Ley de Defensa Nacional que articule las capacidades del Estado, el sector privado y la ciudadanía en la protección de la soberanía, los derechos humanos y la gobernanza.

La propuesta incluye la creación del Sistema de Defensa Nacional y del Consejo de Defensa Nacional como instancias permanentes de articulación, planificación y asesoría al Presidente de la República.

?Estatuto para soldados profesionales

El tercer proyecto propone un nuevo estatuto para soldados profesionales e infantes de marina profesionales con el fin de mejorar sus condiciones de ingreso, carrera, formación y retiro, luego de más de dos décadas sin modificaciones en esos aspectos.

Se contempla una profesionalización más sólida, incentivos durante la formación, nuevas distinciones y ascensos, y mayores beneficios para quienes se retiren tras años de servicio o mueran en cumplimiento del deber.

Vivienda

También se presentó la iniciativa que fortalece a Caja Honor, entidad encargada de facilitar el acceso a vivienda para los miembros de la Fuerza Pública.

En el articulado se plantea que el aumento del aporte del Estado para subsidios y amplia su capacidad para ofrecer productos financieros que mejoren la calidad de vida de los uniformados.

Derecho de pueblos indígenas a gobernar sus territorios

De otro lado, el Ministro de Justicia y representantes del Consejo Superior de la Judicatura radicaron ante el senado proyecto de ley con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indíge??na (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, reglamentando el artículo 246 de la Constitución.

El instrumento jurídico puesto a consideración del legislativo por el Gobierno reconoce la justicia propia de los 115 sistemas de justicia indígena que existen en el país, valorando sus particularidades y derechos, refuerza el derecho de los pueblos a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma, y proporciona un marco que garantiza respaldo y seguridad jurídica.

?A su vez, establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional, como traducción del lenguaje y capacitación para los intérpretes, autoridades y operadores judiciales, promoviendo una justicia más inclusiva y recogiendo los elementos jurisprudenciales para la determinación del fuero indígena y los factores para establecer la competencia.

La iniciativa fue radicada por el Ministerio de Justicia junto con el Consejo Superior de la Judicatura ante el Senado, con el propósito de establecer mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, reglamentando el artículo 246 de la Constitución.

“La coordinación y articulación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena no es un gesto simbólico: es una garantía concreta de acceso a la justicia como derecho fundamental, expresó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, al explicar los fundamentos del articulado propuesto.

La iniciativa pretende llenar vacíos normativos y barreras de acceso que han afectado a las comunidades indígenas por décadas ante la falta de reglamentación y coordinación entre la Justicia Especial Indígena y la Justicia ordinaria.

Montealegre aclaró que no se crean ni modifican competencias jurisdiccionales, pero sí se establece reglas mecanismos efectivos de coordinación y principios orientadores que permitan resolver conflictos sin arbitrariedad ni improvisación.

Incluye salvaguardas fundamentales para los derechos de las mujeres, estableciendo compromisos de debida diligencia tanto para la Jurisdicción Especial Indígena como para la Justicia Ordinaria, con el objetivo de transformar prácticas que puedan lesionar los derechos de ellas dentro de las comunidades.

El proyecto de ley radicado es el resultado de un trabajo conjunto y participativo entre las entidades del Sector Justicia, la Rama Judicial y las organizaciones indígenas, dentro del marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).

Con esta propuesta el Gobierno de Gustavo Petro busca garantizar que los pueblos indígenas accedan a la justicia de manera integral, respetando su identidad cultural y promoviendo una convivencia armónica entre los distintos sistemas jurídicos que coexisten en el país.