–El presidente Gustavo Petro al anunciar para las 7 de esta noche una nueva alocución sobre la «realidad del sistema de salud que ya implementamos de acuerdo a la ley y esperamos terminar de implementar bajo la ley», afirma que «los exministros de salud son cómplices de una enorme defraudación al erario» y puntualiza: «Primero que pidan perdón por el desastre de sus EPS».

En su trino en la red social X, el jefe del Estado respondió así a 16 exministros y exviceministros de salud que publicaron un comunicado conjunto en el cual cuestionan el decreto que expidió recientemente para poner a marchar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo y afirman que «es un intento de reforma de facto, sin respaldo legal explícito, ni financiación clara, ni estudio técnico transparente».

El primer mandatario exhorta a observar «por ahora» unos cuadros que muestran el estado de nuestro sistema de salud en 2021 dentro de la OCDE», advirtiendo: «Se que la prensa mentirosamente repite que es de los mejores del mundo».

Por ello, puntualiza: «No es de los mejores, es de los peores. Miren solo el puesto en la OCDE, medido por colombiano(a)s que murieron por casos prevenibles o por enfermedades tratables».

«Este desastre se llama falta de previsión. Y previsión es lo que ahora queremos hacer», concluye.

Los exministros de salud son cómplices de una enorme defraudación al erario. Primero que pidan perdón por el desastre de sus EPS.

Esta noche a las 7 pm en alocución, veremos la realidad del sistema de salud que ya implementamos de acuerdo a la ley y esperamos terminar de… https://t.co/tFHhuoFVGc pic.twitter.com/3BMli9E1PP

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2025

Este es el texto del comunicado que firma el «Grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de salud y protección social»:

Una reforma de facto sin democracia: grupo de exministros alzan la voz ante el Decreto 0858

1. El Decreto 0858 no soluciona la profunda crisis que el sistema padece en la actualidad, ni tiene el respaldo técnico y financiero. No garantiza la suficiencia de la UPC, no cuenta con estudios técnicos transparentes, tampoco tiene financiación adecuada y agrava la existente.

2. La nueva norma impone una reforma de facto sin el debido debate democrático. Con el decreto el Gobierno sustituye pilares del sistema de salud sin pasar por el Congreso. Contraría el principio de división de poderes y omite el debate democrático.

3. El modelo propuesto genera incertidumbre institucional, operativa y financiera.

4. El decreto debilita el aseguramiento individual, altera eI rol de las EPS y traslada responsabilidades a entidades territoriales sin suficiente capacidad. Todo ello sin estudios técnicos, fiscales ni plazos viables.

La salida a la crisis exige diálogo, evidencia técnica y responsabilidad institucional.

Se exhorta al Gobierno y al Congreso a retomar un camino democrático, con estudios actuariales, análisis de impacto y participación experta e independiente. La salud de millones no puede decidirse por imposición ideológica.

-Como grupo multidisciplinario de exministros y exviceministros de salud y protección social, reiteramos nuestro compromiso con el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos y con la defensa del orden constitucional, legal e institucional que 10 garantiza. En un momento de profunda preocupación para el futuro del sistema de salud en Colombia, y pocos días después de nuestro llamado a la sensatez y al respeto institucional, eI Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, que sustituye la parte II del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 para adoptar el «Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo».

La expedición del mencionado decreto que adopta el «Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo» como política de salud, materializa la preocupación que hemos expresado frente al profundo deterioro en el acceso a los servicios de salud que afronta la población colombiana. Después de tres años de intensa discusión sobre un proyecto de reforma legislativa en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional ha optado por emitir un decreto que, en la práctica, pasa por encima de la institucionalidad democrática y de la división de poderes.

Esta acción no permite una opinión ni un debate democrático real, forzando la implementación de una reforma con la que amplios sectores del país no estamos de acuerdo. Este decreto, descrito por algunos observadores como una «colcha de retazos», intenta ser la reglamentación de leyes vigentes, -como la Ley Estatutaria de Salud de 2015 la 1122/2007, la 1438 de 2011-, pero establece un nuevo sistema de salud, generando así francas contradicciones con la normativa actual. EI riesgo de su aplicación, según estos análisis, podría llevar a un colapso similar al del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Consideramos que el decreto no es el instrumento jurídico para implementar los profundos cambios que contiene en sus contenidos y, por consiguiente, invitamos al Consejo de Estado a establecer medidas cautelares para impedir los cambios propuestos, hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del instrumento jurídico.

A pesar de que el Decreto 0858/25 establece en Su objeto la garantía del derecho fundamental a la salud y la mejora del bienestar, identificamos varias alertas y preocupaciones que, en línea con nuestros pronunciamientos anteriores, podrían exacerbar la ya crítica situación del sistema.

Este decreto lejos de representar una solución estructural a la crisis del sistema de salud colombiano abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional, operativa y financiera. No muestra una respuesta clara a las necesidades de los usuarios y pacientes, ni a las expectativas de la sociedad civil. Entre la afiliación y la adscripción, produce desorden. La libertad de elección se ve amenazada, el acceso puede restringirse por fragmentación de la red y la calidad corre el riesgo de deteriorarse por una estatización improvisada. La paradoja de exigir a las EPS que contraten con redes que no pueden configurar, 0 de pedir a los CAPS asumir funciones estratégicas sin lineamientos definidos ni capacidades establecidas, muestra un modelo que trastoca los equilibrios básicos sin ofrecer garantías de sostenibilidad ni continuidad.

Compartimos la importancia de la atención primaria en salud, el fortalecimiento del talento humano y la calidad, -componentes relevantes del actual sistema con los cuales se han alcanzado logros importantes-, pero la ejecución normativa del decreto revela un intento de reforma de facto, sin respaldo legal explícito, ni financiación clara, ni estudio técnico transparente. A1 debilitar la figura del aseguramiento individual, desdibujar el papel de las EPS y trasladar funciones clave a entes territoriales sin capacidad probada, conduce al riesgo de romper la columna vertebral del modelo actual sin haber construido una alternativa funcional.

Lejos de atender los llamados de la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República, los usuarios, los pacientes, la academia y los centros de pensamiento, el decreto parece ignorar las advertencias sobre la urgencia de fortalecer la gestión del riesgo, garantizar la suficiencia de la UPC y mantener una rectoría técnica sólida. No Se presentan estudios de impacto fiscal ni territorial, ni se respalda la transformación propuesta con tiempos razonables, capacidades institucionales ni mecanismos de evaluación. En su lugar, se delegan funciones críticas a estructuras que aún no existen y se imponen plazos irrealistas para redefinir actores, redes y formas de atención, en un contexto de desconfianza y deterioro del sistema.

En suma, el Decreto 0858 no constituye una salida a la crisis, sino una imposición unilateral que profundiza la incertidumbre. Sin anclaje técnico, ni diálogo democrático real, ni consenso social amplio, el país se encamina hacia una transformación de alto riesgo, más ideológica que técnica, que puede comprometer el acceso, la calidad y la equidad en la atención en salud para millones de colombianos.

Reafirmamos la necesidad de que cualquier reforma se base en evidencia técnica rigurosa, incluyendo estudios actuariales independientes y análisis de impacto territorial. La salud de 50 millones de colombianos no puede basarse en ideología sino en ciencia. Exigimos que el Gobierno Nacional mantenga una actitud de diálogo democrático y constructivo, que hasta ahora ha sido deficiente. Hacemos un llamado al Congreso de la República para que, en este nuevo periodo legislativo, asuma su responsabilidad histórica de corregir el rumbo, ante un gobierno que pretende transformar el sistema de salud violentando la institucionalidad establecida para tal fin. Es imperativo convocar audiencias públicas con expertos independientes, exigir estudios de impacto fiscal certificados y garantizar un debate técnico que trascienda las presiones políticas del momento.

Hacemos un llamado a la población en general para que ejerza un seguimiento permanente a estas discusiones con el objetivo de evitar que sus derechos en salud se afecten.