–(Foto Alianza Verde). A través del encargado de negocios en el país centroamericano, Oscar Muñoz, el Gobierno colombiano oficializó ante el Gobierno de Nicaragua la solicitud de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, para que responda por su implicación en el mega escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

El presidente Gustavo Petro confirmó el hecho al publicar en su cuenta en X una imagen del correo enviado este sábado por Muñoz al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense.

En el mensaje, Muñoz afirma: «La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial».

El pasado viernes 15 de agosto, en mensaje en X, el presidente Petro había anunciado esta solicitud de extradición: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, precisó.

Previamente, el primer mandatario y su excanciller Laura Sarabia habían negado que se hubiera solicitado «algún tipo de privilegio» para González, quien tiene una orden de captura vigente desde el pasado 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.

En mayo pasado, la Fiscalía imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.

Según los elementos materiales probatorios, el exfuncionario, en ejercicio de su cargo, habría ordenado al entonces director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, orientar la contratación en la entidad en beneficio del expresidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez; y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, para que impulsaran en el Congreso de la República la aprobación de proyectos que tramitaba el Gobierno nacional.

Posteriormente, González Merchán impartió instrucciones al exdirector de la UNGRD para que, a cambio de contratación, se comprometiera a entregarles dinero en efectivo a los dos congresistas, que saldría de una orden de proveeduría que contemplaba el abastecimiento de carrotanques para las comunidades de La Guajira.

Dichas coimas se materializaron en octubre del mismo año. Con la intermediación de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, se le hicieron llegar 3.000 millones de pesos al congresista Name Vásquez en Bogotá. Por su parte, Pinilla Álvarez se trasladó a Montería (Córdoba) y le entregó 1.000 millones de pesos al representante Calle Aguas.

Durante la audiencia, a la que compareció de manera virtual de un sitio no identificado, el exdirector del DAPRE no aceptó los cargos formulados por el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que lidera la investigación por los actos de corrupción en la UNGRD.