–Durante el XX Conversatorio de Jurisdicción Constitucional, el presidente Gustavo Petro planteó una profunda reflexión sobre el sentido de la Constitución de 1991, la vigencia del Estado Social de Derecho y los retos que enfrenta el país para materializar la paz y la justicia social e invitó a los colombianos a releer la Carta Magna no como un simple texto normativo, sino como un pacto vivo que compromete a toda la sociedad a transformar la realidad de Colombia.

“El sectarismo político ha sido una trampa que nos ha impedido construir nación», afirmó el primer mandatario, advirtiendo que esta práctica ha perpetuado odios, exclusiones y violencias.

El jefe del Estado invitó a los distintos sectores sociales y políticos a dejar de lado disputas estériles para poner en el centro el interés nacional. Recalcó que la construcción de democracia requiere de liderazgos capaces de dialogar y de encontrar consensos, en lugar de reforzar divisiones.

Para el mandatario, la superación del sectarismo es condición indispensable para que la Constitución cumpla su promesa de unidad y reconciliación.

??El mandatario inició su intervención recordando que “la Constitución es un contrato de paz», nacida del consenso ciudadano para poner fin a la guerra y abrir caminos de reconciliación». Para el presidente Petro, la fuerza de la Constitución radica en que no es letra muerta, sino un compromiso político y ético que debe cumplirse en cada rincón del país.

“La Constitución del 91 no fue concebida para quedarse en los anaqueles del Congreso, sino para convertirse en el motor de un país incluyente», sostuvo.

El presidente insistió en que el Estado Social de Derecho, columna vertebral de la Carta Política, no puede entenderse como una mera formalidad. Señaló que el desafío histórico consiste en que los derechos allí consagrados se materialicen en la vida de los colombianos.

“No se trata solo de la formalidad de las leyes, sino de que la justicia se viva materialmente en cada territorio y en cada familia», expresó.

Destacó que el Estado debe garantizar no solo la igualdad ante la ley, sino también condiciones reales de acceso a salud, educación, vivienda y oportunidades. Recordó que mientras persistan desigualdades profundas, el contrato social seguirá incompleto. Por eso planteó que el reto de los gobiernos no es únicamente administrar el Estado, sino transformar sus instituciones para que respondan a las necesidades del pueblo.

Por otra parte, el presidente hizo un llamado a replantear el papel de las instituciones frente a la violencia que ha marcado la historia de Colombia.

Cuestionó que el aparato judicial esté diseñado para investigar delitos individuales, pero no crímenes colectivos. “El aparato judicial está para investigar un homicidio, no una masacre», señaló, al explicar que este enfoque limita la capacidad del Estado para enfrentar fenómenos de violencia masiva.

Subrayó que mientras la justicia no logre comprender y atender la dimensión estructural de la violencia, la impunidad seguirá siendo un obstáculo para la paz. Propuso que el país avance hacia un modelo judicial que no solo persiga responsabilidades individuales, sino que también logre desmantelar las lógicas colectivas que reproducen la guerra.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro se refirió a la Reforma Agraria, que definió como una deuda histórica del país, y señaló que el acceso democrático a la tierra es una condición indispensable para alcanzar la paz estable y duradera. “Sin democratización de la tierra, la Constitución queda inconclusa y la paz se vuelve frágil», precisó.

Recordó que la violencia política y armada en Colombia tiene raíces profundas en la concentración de la tierra y en la exclusión del campesinado. Aseguró que las resistencias a la Reforma Agraria han impedido que se cumpla a cabalidad el espíritu de la Constitución del 91.

Igualmente indicó que para saldar esta deuda no es solo un asunto económico, sino una obligación moral con quienes han sido históricamente despojados.

El jefe del Estado hizo un llamado a asumir la Constitución como un compromiso de futuro y sostuvo que cumplir con lo pactado en 1991 significa avanzar en la reforma agraria, fortalecer el Estado social de derecho, construir consensos más allá del sectarismo y transformar la justicia para que enfrente las realidades de la violencia.

“Hacer efectiva la Constitución es honrar el pacto de paz que hace más de tres décadas el país se hizo a sí mismo», afirmó e invitó a la ciudadanía y a las instituciones a reconocer que solo con la garantía plena de los derechos será posible consolidar la democracia y abrir caminos de reconciliación.