–Las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos, han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados, notificó este lunes la Defensoría del Pueblo.

El organismo humanitario alertó sobre el riesgo crítico inminente en que se encuentran los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle, por posibles confrontaciones entre los grupos armados organizados siguientes:

-Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), presencia consolidada desde 2023.

-Estado Mayor Central — Frente Jaime Martínez (Comisión ‘Wilson González’), expansión desde inicios de 2025 hacia Riofrío y Trujillo.

• Ejército de Liberación Nacional (ELN), actor histórico en el Cañón de Garrapatas, con estructuras armadas en capacidad de contener o disputar la expansión de otros grupos.

• Rastrojos Nueva Generación, reconfiguración desde 2025 en Bolívar y Trujillo.

«Se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes», precisa la Defensoría en la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar.

Subraya que las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos, han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados.

«La presencia de estos actores, incrementa el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas», añade.

Los riesgos

• Pueblos indígenas Embera Chamí, resguardos Kipara y Drúa Do; asentamientos Dachiní y Dai Eadebena, por desplazamientos masivos.

• Niños, niñas y adolescentes, y comunidad educativa, por exposición a combates y reclutamiento.

• Liderazgos sociales y Juntas de Acción Comunal (JAC), por amenazas y coacción.

• Mujeres rurales, por violencia sexual y de género.

• Juventudes rurales, por homicidios selectivos.

• Familias desplazadas, por situación de alta vulnerabilidad.

Según la Defensoría, el escenario actual combina la disputa territorial, el control de rentas ilícitas y la presión armada, sobre liderazgos comunitarios. Las comunidades enfrentan un riesgo inminente de homicidios múltiples y selectivos, así como de mayor propagación del uso de explosivos en zonas urbanas, insiste.

Además, afirma, se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales. Las mujeres campesinas, líderes sociales y juventudes también se encuentran bajo amenazas específicas de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de estos grupos.

La Defensoría establece que en Riofrío, hay riesgo es su cabecera municipal y dos corregimientos, en Bolívar en nueve corregimientos y un resguardo indígena y en Trujillo en diez corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formula un conjunto de recomendaciones al Estado colombiano, organizadas en seis ejes fundamentales, así:

En primer lugar, se requiere una coordinación y planeación interinstitucional inmediata, liderada por el Ministerio del Interior a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para articular un plan de acción integral con plazos y seguimiento verificable.

En el ámbito de la seguridad, el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, debe reforzar la presencia y control territorial, asegurando patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves.

De manera paralela, se hace indispensable fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, así como para mujeres rurales y líderes sociales, garantizando entornos seguros y rutas de atención, frente a riesgos de reclutamiento, confinamiento y violencia de género.

Asimismo, la Unidad para las Víctimas debe ampliar la capacidad de respuesta humanitaria, actualizando los planes de contingencia en coordinación con gobernaciones, alcaldías y personerías municipales, para enfrentar posibles emergencias de desplazamiento y confinamiento con un enfoque diferencial.

En materia de justicia, la Fiscalía General de la Nación debe priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Estado colombiano, para que las recomendaciones contenidas en esta alerta, sean atendidas de manera inmediata y articulada. La vida, la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades de Riofrío, Trujillo y Bolívar dependen de una respuesta efectiva, oportuna y coordinada.

El documento advierte que en estos territorios se configura un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación entre los grupos armados organizados Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Estado Mayor Central –… pic.twitter.com/wCZHksVYSN

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 25, 2025