–En total, 95 artículos conforman el proyecto de reforma tributaria o «ley de financiamiento» que fue radicado este lunes ante la Cámara de Representantes por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas. Se agrupan en cuatro capítulos, así: Gasto Tributario, Renta y Patrimonio, Otros impuestos, y Medidas DIAN.

El jefe de las finanzas nacionales advirtió que la iniciativa no toca los productos de la canasta familiar. Además subrayó que esta es una propuesta de reforma tributaria progresista, que no se implementará toda de una sola vez, sino que recoge la orden del presidente Gustavo Petro de la progresividad para no afectar las clases populares y clase media de la población, y que está dirigida a personas naturales de mayores ingresos más que a las empresas porque queremos no afectar la generación de empleo y el crecimiento económico el país.

Entre las principales propuestas de la Ley de Financiamiento están las siguientes:

– Aumento del IVA del 5% al 19% para vehículos híbridos.

– Aumento a 19% en bebidas alcohólicas (19% para aguardiente, ron, whisky, brandis, vodka, vinos).

– 19% de IVA para juegos de suerte y azar.

– Aumento gradual de 10% en 2026 y 19% en 2027 para la gasolina y acpm (se busca desestimular el uso de fuentes de energía fósil).

– Aumento del IVA a 19% al carbón carburante desde julio 2026.

– 19% de IVA para hospedajes a no residentes.

– 19% de IVA para el componente inflacionario de los rendimientos financieros.

– 19% de IVA a los servicios de software y procesamiento en la nube.

– 19% de IVA a cirugías estéticas, arrendamiento de espacios para exposiciones, servicios de transporte de valores.

– Impuesto al Patrimonio: arranca con 0,5% hasta $2.0000 y va aumentando hasta 5%

– Ganancias ocasionales por rifas y apuestas: pasa de 20% a 30%.

– Sobretasa de 15% a extracción de carbón.

– Sector financiero: aumenta la sobretasa de 35% a 50%.

– Dividendos enviados al exterior: aumentan de 20% a 30%.

– Impuesto especial al sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1% para la primera venta o exportación, pero excluidos los pequeños productores.

– Impuesto al consumo en bienes lujosos (vehículos, yates, motos) aumenta de 16% a 19%.

– 19% de IVA a boletas con valor superior a $500 mil para espectáculos, esparcimiento deportivo y espectáculos de diversión.

– 10% de IVA para cigarrillos en cajetilla, y de 30% para vapeadores o cigarrillos electrónicos.

– Alcohol: unificar las medidas según el grado de alcohol: hasta 30% de IVA sobre el precio final.

El ministro de Hacienda indicó que el proyecto deja abierta la posibilidad de gravar los criptoactivos y actividades comerciales no asociadas al culto religioso, pero aún o se ha definido el monto.

Además precisó: “Estamos construyendo es un gran pacto fiscal en el que no solamente atendemos las necesidades de financiamiento para 2026, sino que estamos garantizando la estabilidad fiscal y macroeconómica para todo el próximo gobierno, independientemente de cuál sea. Obviamente, nosotros aspiramos a continuar el proyecto de transformación del presidente Gustavo Petro en el país. Tenemos la expectativa que Colombia complete el ejercicio de cambio y por eso somos tan altamente responsables en la presentación de este proyecto, que no es para un gobierno, sino para garantizar la estabilidad a mediano plazo de las finanzas del país».

En la exposición de motivos del proyecto, el Ejecutivo establece que más que imponer un ajuste drástico que ponga en riesgo la recuperación económica y comprometa el funcionamiento del Estado, se plantea un esquema transitorio en el que la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal crea el espacio necesario para financiar el funcionamiento del Estado. Asimismo, motivan el avance de reformas de ingresos y en mejoras de la eficiencia del gasto, orientadas a corregir de manera progresiva los desequilibrios estructurales. Esta decisión reafirma el compromiso con una planeación financiera y presupuestal realista, creíble y coherente con los objetivos de desarrollo económico y social del país, puntualiza.

Afirma también que la propuesta responde a la necesidad urgente de proteger y fortalecer la inversión pública, en particular en sectores estratégicos como infraestructura, educación, salud, transición energética y la articulación entre el territorio y la Nación.

Afirma que reducir la inversión pública ampliaría las brechas existentes y debilitaría los fundamentos del crecimiento a mediano plazo. En este sentido, la sostenibilidad fiscal que plantea el proyecto no se entiende como un fin en sí mismo, sino como un requisito indispensable para alcanzar un crecimiento económico más sólido, equitativo y sostenible.

Añade que es indispensable que Colombia reflexione sobre la imperiosa necesidad de aumentar la tasa de inversión de la economía por encima del 20% para, de esa manera, aumentar el ingreso nacional. La sostenibilidad de las finanzas públicas requiere que la economía crezca a niveles tendenciales por encima del 3%.

En términos de recaudo las disposiciones del Proyecto de Ley de Financiamiento otorgan fuentes adicionales para 2026 por $26,3 billones (bn), equivalentes a 1,4% del PIB. Este aumento en los ingresos se enfoca principalmente en medidas diseñadas para reducir de manera progresiva el gasto tributario en algunos impuestos y medidas orientadas a gravar externalidades negativas vinculadas a la contaminación de combustibles fósiles y de las emisiones de carbono, así como al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otros bienes y servicios. De esta manera, se busca fortalecer la equidad y eficiencia del sistema tributario al mismo tiempo que se promueven hábitos más responsables y saludables contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y sanitaria del país. Se estima que las medidas del Proyecto de Ley de Financiamiento lograrán recursos permanentes a partir de 2027, en promedio de 1,5% del PIB.

En la exposición de motivos se advierte que los impuestos al valor agregado y consumo de las bebidas alcohólicas, junto con el aumento del impuesto a cigarrillos, serían los que tendrían una mayor incidencia en el ingreso disponible de los hogares pobres. Según las estimaciones realizadas, el pago de impuestos de bebidas alcohólicas está concentrado en los deciles de ingresos más altos. En particular, el 30% de los hogares con mayores ingresos aporta el 37,4% del total del recaudo de estos impuestos, mientras que el 30% de los hogares con menores ingresos contribuye en un 23,2%. Sin embargo, al analizar este en términos relativos al ingreso, se observa un comportamiento distinto: los hogares de menores ingresos (deciles 1 a 3) destinan una mayor proporción de su ingreso al pago de impuestos de estos bienes (2,0% en promedio, en comparación con los hogares de los deciles 7 a 10, 0,2%). De este modo, se estima que la incorporación de estas medidas incrementaría en 0,3pp la pobreza monetaria, equivalente al 89,5% del efecto total, debido a que los hogares de menores ingresos destinan, en términos relativos, una mayor proporción de su ingreso al consumo de estos bienes, especialmente los relacionados con bebidas alcohólicas y cigarrillos. Un efecto similar, aunque en menor proporción, se observa en el pago de impuestos a los cigarrillos.

Señala que si bien incrementar las tarifas de estos impuestos indirectos tendría una mayor incidencia en los hogares más vulnerables, estas medidas buscan generar cambios en los hábitos de consumo de los hogares, con efectos positivos en salud. Los consumidores no consideran totalmente los efectos negativos sobre su salud al comprar estos productos.

Bajo este contexto, estos impuestos actúan como un mecanismo correctivo. Por lo tanto, estas medidas tienen el potencial de reducir la prevalencia de enfermedades sobre los hogares más pobres del país.

Por su parte, las disposiciones relacionadas con otros ajustes al IVA113, incluido el de combustibles, generarían un impacto marginal sobre la pobreza monetaria. Estas medidas, en su conjunto, generarían un aumento de 0,04pp sobre la pobreza monetaria. El menor impacto responde a que estos bienes y servicios representan una proporción muy reducida en la canasta de consumo de los hogares de menores ingresos. Por tanto, el efecto de estas medidas sería limitado, dado que no inciden de manera significativa en el gasto cotidiano de los hogares vulnerables.

Con estas medidas el Gobierno nacional espera recaudar $2,6 billones en 2026 y en promedio, $7,2 billones desde 2027 en adelante. Lo anterior, a través de la eliminación o modificación de estos tratamientos tributarios preferenciales. Esto con el fin de establecer un marco tributario más equitativo y alineado con los objetivos de sostenibilidad ambiental y
transición energética. Con ello se pretende incentivar el uso de energías más limpias, corregir distorsiones en la formación de precios y asegurar que el sistema tributario refleje de manera más precisa los costos ambientales asociados al consumo de combustibles fósiles.