–En decisión de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión precisa que la privación de la libertad no sólo es necesaria por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, y peculado por apropiación en favor de terceros, como lo había señalado la primera instancia, sino que también resulta pertinente por lavado de activos. Adicionalmente, el Tribunal rechazó los argumentos presentados la defensa para solicitar la nulidad de lo actuado y negó de plano las pretensiones.

El de julio pasado, tras valorar los argumentos y medios de conocimiento expuestos por la Fiscalía General de la Nación, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González Merchán, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos al interior de la UNGRD y la orden de pago de coimas a congresistas.

Tras ser imputado por conductas de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, cargos que no aceptó, el tribunal emitió medida de aseguramiento contra González Merchán por los dos primeros delitos.

El magistrado libró orden de captura en contra de González Merchán luego de atender la petición de la Fiscalía mediante la cual sustentó que el procesado podría interferir en la investigación con la afectación a otros intervinientes y su posible no comparecencia en las próximas etapas del proceso penal.

Según la Fiscalía, entre septiembre y octubre de 2023, el entonces director del DAPRE habría ordenado a Olmedo López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, para que direccionara contratos de la entidad con el propósito de obtener recursos ilícitos dirigidos a pagar coimas dirigidas a los expresidentes de Senado de la República y Cámara de Representantes, Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, a cambio del trámite favorable de proyectos de ley en las corporaciones legislativas.

Ante retrasos en la contratación al interior de la Unidad, González Merchán, ordenó a López Martínez en octubre de 2023 la entrega de una coima de 4.000 millones de pesos en efectivo para los dos congresistas, y determino a Sandra Liliana Ortiz Nova para que transportara tres mil millones con destino a Iván Leonidas Name Vásquez.

Los mil millones de pesos restantes fueron destinados a pagar la dadiva ilícita pactada con Andres David Calle Aguas.

El dinero dirigido a las eventuales coimas saldría del contrato que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques que servirían para suministrar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira.

En mayo de este año, la Fiscalía imputó a Carlos Ramón González Merchán los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos, como presunto ordenador del direccionamiento de contratos de la UNGRD y el pago de coimas en beneficio de los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas.

Los elementos materiales probatorios establecieron que el exfuncionario, en ejercicio de su cargo, habría ordenado al entonces director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, orientar la contratación en la entidad en beneficio del expresidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez; y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, para que impulsaran en el Congreso de la República la aprobación de proyectos que tramitaba el Gobierno nacional.

Posteriormente, González Merchán impartió instrucciones al exdirector de la UNGRD para que, a cambio de contratación, se comprometiera a entregarles dinero en efectivo a los dos congresistas, que saldría de una orden de proveeduría que contemplaba el abastecimiento de carrotanques para las comunidades de La Guajira.

Dichas coimas se materializaron en octubre del mismo año. Con la intermediación de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, se le hicieron llegar 3.000 millones de pesos al congresista Name Vásquez en Bogotá. Por su parte, Pinilla Álvarez se trasladó a Montería (Córdoba) y le entregó 1.000 millones de pesos al representante Calle Aguas.

Durante la audiencia, el exdirector del DAPRE no aceptó los cargos formulados por el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que lidera la investigación por los actos de corrupción en la UNGRD.