–La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó este miércoles que solicitó al Gobierno y al Congreso 121 mil 858 millones de pesos para ejecutar las primeras sentencias restaurativas contra los excabecillas de las extintas Farc, así como contra los responsables de la fuerza pública en los llamados «falsos positivos», con el fin de que «se traduzcan en acciones reales que alivien el daño y no se queden en el papel».

En su cuenta en X, la JEP advierte que la asignación inicial de 20 mil millones de pesos es insuficiente para poner en marcha proyectos que contribuyan a reparar los daños del conflicto.

En total, son 7 los excabecillas de las Farc sancionados por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

Y son 12 los exintegrantes del Ejército condenados por su máxima responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, cuando integraban el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, de Valledupar.

Ellos son: Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra, Juan Carlos Soto Sepúlveda, y Elkin Rojas.

La JEP afirma que «el cumplimiento de las Sanciones Propias del Caso 01 (secuestros de las Farc-EP) y del Caso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe) depende, por mandato legal y constitucional, de la asignación de recursos. Urge garantizar la apropiación presupuestal para estos proyectos y los que vendrán en el futuro».

Indica que a través de una carta dirigida al Ejecutivo y al Congreso, el 23 de septiembre la JEP solicitó soporte, articulación y asignación presupuestal, con el fin de garantizar los recursos y condiciones necesarias para ejecutar las primeras Sanciones Propias impuestas por el Tribunal de Paz a máximos responsables de graves crímenes que han aportado verdad y reconocido responsabilidad.

La JEP explica en qué se usarán los fondos:

Los proyectos en los que participarán los comparecientes como parte de su sanción se enmarcan en 7 líneas de acción definidas por la JEP con base en lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz y la ley.

1.? ?Búsqueda de personas desaparecidas
2.? ?Acción Integral contra las Minas Antipersonal
3.? ?Medio ambiente, naturaleza y territorio
4.? ?Memorialización y reparación simbólica
5.? ?Daños diferenciales y macrovictimización
6.? ?Educación, alfabetización y capacitación
7.? ?Infraestructura rural y urbana

En la carta también expresa dos preocupaciones:

1- El Ministerio de Justicia no ha tramitado el decreto de condiciones transversales (seguridad, protección, habitabilidad y dignidad), indispensable para cumplir las sanciones.

2- El Ministerio de Hacienda no ha priorizado los gastos de la JEP en el Presupuesto 2026, pese a una circular previa.

Asimismo, la JEP señala que presentó al debate legislativo la propuesta de incluir dos artículos en el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara y 083 de 2025 Senado, “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026”.

«A pesar de los retos, hemos trabajado en colaboración armónica con el Gobierno para acordar aspectos normativos, técnicos, operativos y presupuestales que permitan cumplir con las Sanciones Propias y las medidas de reparación. El diálogo continúa con MinHacienda para concretar las órdenes judiciales», precisó la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz hizo «un llamado a la acción: es indispensable asegurar una apropiación presupuestal suficiente para los proyectos restaurativos en marcha y los que vendrán con nuevas sentencias».

Finalmente indica que «seguirá colaborando armónicamente con el Estado para cumplir no solo nuestra misión de investigar, juzgar y sancionar, sino también garantizar que las sentencias restaurativas se traduzcan en acciones reales que alivien el daño y no se queden en el papel».