–Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a la falsa capitana Luisa Fernanda Salgado Fernández, por su presunta participación en un entramado ilegal que habría infiltrado el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro y operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, y obtenido información de seguridad nacional.

Los militares procesados son señalados de permitir a Salgado Fernández ingresar a instalaciones oficiales, involucrarse en reuniones de inteligencia y procedimientos, haciéndose pasar como capitán del Ejército Nacional. Por estos hechos, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos conocidos, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.

De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia.

La mujer, haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, entre estas el ‘Tren de Aragua’.

En el caso del sargento segundo Padilla Villanueva, los elementos materiales probatorios indican que sería el encargado de facilitar la entrada de la particular a las instalaciones militares, y permitirle interactuar con la tropa e involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico.

También se le atribuye la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular disponer de detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.

De esta manera, quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas.