–En una audiencia en su sede nacional, la Defensoría del Pueblo socializó el Informe Alternativo al Séptimo Informe presentado por el Estado colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, reafirmando así su compromiso con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, en coherencia con su mandato constitucional y su Decálogo Defensorial.

Durante el evento, que contó con la participación de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó que “este es un ejercicio conjunto que fortalece el diálogo sobre la situación actual de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Este espacio permite socializar los informes alternativos elaborados tanto por la Defensoría del Pueblo como por la sociedad civil, los cuales analizan los avances y desafíos en la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre 2019 y 2025”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, compromete al Estado a adoptar medidas eficaces y progresivas para la plena realización de estos derechos y a rendir informes periódicos ante las Naciones Unidas.

El análisis del periodo 2019–2025 evidencia transformaciones sociales y económicas marcadas por las movilizaciones del 2019 y 2021, la pandemia del covid-19 y los cambios políticos recientes.

La Defensoría valora avances como las reformas laboral y pensional, la creación del Sistema Nacional de Cuidado y las reformas constitucionales que reconocen al campesinado como sujeto de especial protección y a la alimentación adecuada como un derecho humano. Sin embargo, persisten retos en materia de pobreza, informalidad laboral, brechas de género, desigualdad territorial y acceso equitativo a salud, educación y a una vivienda digna.

Entre 2020 y 2024, la pobreza monetaria se redujo del 43,1% al 31,8% y la pobreza extrema, del 17,3% al 11,7%. No obstante, persisten brechas territoriales que afectan particularmente a departamentos como Chocó, La Guajira, Sucre y Caquetá. La Defensoría también alerta sobre la crisis estructural del sistema de salud, las brechas en la educación pública y privada y la preocupante situación de las personas defensoras de derechos humanos, con 1.488 asesinatos registrados entre 2016 y 2024.

“La pobreza continúa siendo feminizada. El 36.1 por ciento de los hogares con jefatura femenina son pobres, frente al 28.4 por ciento de los hogares encabezados por hombres. Las mujeres continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a recursos, oportunidades y condiciones de vida dignas”, manifestó la Defensora del Pueblo.

Avances normativos del Estado colombiano

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reconoció los avances normativos alcanzados por el Estado e insistió en la necesidad de garantizar la continuidad de las reformas sociales y cumplir las recomendaciones internacionales. Además, reiteró la importancia de ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC como una herramienta fundamental para fortalecer la protección y la veeduría internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

“Exhorto al Estado colombiano a fortalecer la descentralización y la equidad territorial mediante la transferencia efectiva de recursos y el fortalecimiento de las capacidades administrativas y fiscales, a partir de un enfoque de derechos humanos. También, a promover la participación ciudadana y la equidad distributiva”, fue el llamado de la Defensora del Pueblo.

La implementación integral del Acuerdo Final de Paz es una condición esencial para avanzar en la garantía real de los DESC, pues aborda las causas estructurales de la desigualdad, la exclusión y la pobreza.

“Los derechos económicos, sociales y culturales no son aspiraciones: son derechos exigibles que deben hacerse realidad en la vida cotidiana de cada ciudadana y ciudadano”, remarcó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Compromisos de la Defensoría del Pueblo

Ratifica su compromiso con la promoción y seguimiento de los DESC. Además, hace un llamado a las instituciones del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional a continuar trabajando conjuntamente por una Colombia más justa, igualitaria y digna para todas las personas.
Reitera el llamado al Estado colombiano para ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC, herramienta fundamental para fortalecer la protección y la veeduría internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
Insta al Estado en su conjunto a reducir los rezagos territoriales en la garantía de estos derechos mediante una transferencia efectiva de recursos y el fortalecimiento de las capacidades administrativas y fiscales de los gobiernos locales.
Llama a crear mecanismos permanentes de evaluación fiscal con enfoque de derechos humanos, con amplia participación ciudadana y criterios de equidad distributiva.

“Es necesario que las instituciones del Estado prevean una ruta clara para abordar cada una de las recomendaciones que el Comité presenta en sus acciones en el corto y mediano plazo. Se requiere un compromiso decidido y sostenido de cada entidad responsable de la garantía de los DESC con las obligaciones internacionales en la materia”, subrayó la Defensora del Pueblo.

En la audiencia participaron representantes de los ministerios del Interior, Agricultura, Trabajo, Vivienda, Educación, Ambiente, Igualdad y Equidad, Minas y Energía, Culturas y TIC, así como del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, Unidad de Restitución de Tierras, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Prosperidad Social (DPS), Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias).

También asistieron representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y del cuerpo diplomático.