–A la Comisión Asesora de Política Criminal, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, presentó un proyecto para la creación de Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, con el fin de que adelante el estudio técnico y jurídico para ponerlo a consideración del Congreso de la República.

El proyecto contempla una herramienta institucional para enfrentar las estructuras criminales y el narcotráfico, fortaleciendo la capacidad del Estado para investigar y desmantelar, mediante competencias innovadoras con enfoque preventivo, los grupos delincuenciales que amenazan la seguridad ciudadana.

?También introduce mecanismos reforzados de transparencia, control y vigilancia democrática sobre las actividades de inteligencia en cabeza de la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, en consonancia con los estándares internacionales y con las obligaciones derivadas de la sentencia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia (Cajar), proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023.

El organismo multilateral exigió al Estado colombiano fortalecer los controles, la regulación y la supervisión civil sobre las actividades de los organismos de inteligencia, así como la sujeción estricta de estas últimas a los principios de legalidad y proporcionalidad.

?Las operaciones de la Guardia estarán orientadas a anticipar las actividades de investigación de la Fiscalía frente a las organizaciones criminales que operan en el país, bajo criterios de control judicial estricto, sujeción al principio de legalidad y coordinación con los demás organismos de seguridad e inteligencia del Estado.

?La nueva dependencia especializada estará adscrita a la Fiscalía General de la Nación y ejercerá funciones de investigación con enfoque estratégico y preventivo y será presentada al Congreso para su aprobación mediante una ley estatutaria, previo concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal.

La Comisión será la encargada de iniciar el estudio técnico y jurídico de la iniciativa, con el propósito de impulsar su trámite legislativo ante el legislativo. Con la iniciativa, el Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la modernización de la política criminal y la protección efectiva de los derechos fundamentales, promoviendo un modelo de justicia más proactivo, articulado y preparado para hacer frente a los nuevos fenómenos de macrocriminalidad, en armonía con las garantías constitucionales de todos los colombianos.