–La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del Auto 1492 de 2025 y en el marco del seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) establecido desde la Sentencia T-025 de 2004, presentó a la Corte Constitucional un análisis detallado sobre los avances, estancamientos y retrocesos que enfrentan las víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en el país.

La entidad alertó que, durante el último año, la crisis humanitaria se ha profundizado debido al incremento de personas afectadas por estos hechos, en comparación con lo registrado en 2024. Entre enero y septiembre de 2025, la Defensoría documentó 87 eventos de desplazamiento masivo, que impactaron a más de 90.875 personas, lo que representa un incremento del 335% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 20.890 víctimas.

A esta situación se suman 78 eventos de confinamiento, 22 más que en 2024, los cuales afectaron a más de 96.497 personas, quienes enfrentan restricciones severas de movilidad y limitaciones para acceder a alimentos, educación y atención médica.

Aunque el presupuesto destinado a la Política Pública de Víctimas presenta un aumento progresivo, el Gobierno Nacional continúa sin dar cumplimiento a la orden tercera del Auto 373 de 2016. No existe un costeo actualizado acorde con el crecimiento del Registro Único de Víctimas (RUV) ni con las obligaciones derivadas de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley Étnicos. La Comisión de Financiamiento prevista en la reforma a la Ley de Víctimas (Ley 2421 de 2024) no ha iniciado funciones.

Recomendación de la Defensoría: Instar a que, antes de junio de 2026, el Gobierno Nacional presente un plan de financiación ajustado a la realidad de las víctimas y actualice el CONPES 4031 de 2021, para establecer un marco de financiación real. También se requiere un informe de la Comisión de Financiamiento antes de junio de 2026, con el fin de que sus insumos sean incorporados en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) presenta un deterioro en sus espacios de coordinación. Se evidencia un desuso de los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), y el Comité Ejecutivo del SNARIV no se ha reunido en los últimos dos años.

Recomendación de la Defensoría: Fortalecer los lineamientos de articulación y coordinación nacional y territorial, en especial el funcionamiento de los CTJT y el Comité Ejecutivo, e instar a la expedición de los instrumentos jurídicos que reglamentarán la Ley 2421 de 2024.

Los indicadores de Goce Efectivo de Derechos evidencian una vulneración alta. Preocupa que el Gobierno Nacional no haya cumplido las órdenes del Auto 894 de 2022, especialmente la relacionada con la racionalización de la política pública de prevención y protección.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo recomienda unificar el seguimiento de las órdenes de prevención derivadas de las Sentencias T-025 de 2004, SU-546 de 2024 y SU-020 de 2022, con el fin de racionalizar esfuerzos institucionales, maximizar la coherencia judicial y fortalecer el impacto de las medidas.

La Defensoría reporta que identificó un retroceso en la garantía del derecho a la subsistencia mínima. La ayuda humanitaria de emergencia presenta fallas de cobertura, oportunidad e integralidad.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el Gobierno Nacional garantice procedimientos, logística, presupuesto y lineamientos de coordinación para asegurar sin contratiempos este derecho, priorizando a mujeres, niñas, niños y personas mayores.

Persisten barreras estructurales. No existe una política pública de generación de ingresos para la población víctima y la garantía del derecho a la educación presenta limitaciones en zonas de riesgo.

Recomendación de la Defensoría: Ordenar la expedición urgente del CONPES de soluciones duraderas, con metas y presupuesto articulado a la Ley de Víctimas. También se subraya la necesidad de fortalecer las medidas que garanticen el derecho a la educación en zonas con desplazamientos recurrentes.

Verdad, justicia y reparación

Persisten barreras territoriales que limitan el acceso a la rehabilitación psicosocial, especialmente en zonas rurales dispersas. La falta de enfoque diferencial afecta de manera más severa a mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos y personas con discapacidad. Se evidencia bajo avance en la investigación, juzgamiento y sanción de responsables del delito de desplazamiento forzado, y un alto porcentaje de víctimas incluidas en el RUV continúa sin indemnizar.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo considera necesario que, en materia de indemnización administrativa para víctimas de desplazamiento forzado, se adopten alternativas diferenciadas, en coherencia con las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

La entidad también recomienda revisar el indicador de acceso a rehabilitación y exhorta a presentar a la Corte Constitucional las reformas necesarias al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), conforme a lo dispuesto en la Ley 2421 de 2024 y el CONPES correspondiente.

Derechos colectivos de los pueblos étnicos

Los pueblos Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros siguen siendo los más afectados. Los Decretos Ley Étnicos (4633, 4634 y 4635 de 2011) no se están implementando plenamente y no existen Indicadores de Goce Efectivo Diferencial (IGED) confiables.

Recomendación de la Defensoría: Priorizar el seguimiento judicial con medidas específicas para pueblos étnicos, conforme al Auto 266 de 2017. También insta a garantizar la participación efectiva de la población víctima con pertenencia étnica.

La Defensoría del Pueblo reitera su llamado al Gobierno Nacional para implementar acciones urgentes, coordinadas y sostenibles que garanticen la paz, la protección de la vida y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas confinadas y desplazadas forzadamente. Estas medidas son esenciales para avanzar hacia la superación definitiva del Estado de Cosas Inconstitucional.