–A partir de este miércoles, 14 de enero, la tarifa de Transmilenio sube $350 para totalizar $3.550. Según la empresa, el ajuste tarifario es indispensable para garantizar la continuidad y calidad del servicio, en un contexto de aumento de los costos de operación asociados al crecimiento del salario mínimo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios del Productor (IPP), el precio del diésel, el precio del gas y otros insumos necesarios para la prestación del servicio. «En consecuencia, el Sistema debe mantener un equilibrio entre los ingresos y los costos de su operación».

Además señaló que el incremento de $350 busca compensar solo una parte de estos costos, de manera que el ajuste no recaiga completamente sobre los usuarios, sino que implique también un mayor esfuerzo fiscal por parte del Distrito, reafirmando el carácter esencial del transporte público para la ciudad.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte notificó al Gobierno Distrital que el incremento del salario mínimo vital decretado por el Gobierno Nacional, superior al de gobiernos anteriores, no constituye una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de $350 en la tarifa de TransMilenio.

«Dicho ajuste representa un incremento tarifario del 10,9%, porcentaje que supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), referente que tradicionalmente ha sido considerado dentro de los análisis tarifarios del transporte público urbano», señaló la cartera de Transporte en un comunicado.

Subraya que los costos laborales corresponden únicamente a una de las variables estructurales del sistema y deben ser abordados a partir de un análisis integral y añade:

«Este análisis debe evaluar de manera diferenciada cuáles componentes de costo que inciden en la tarifa se indexan al IPC, cuáles responden al salario mínimo y cómo interactúan con otros factores relevantes, como la eficiencia operativa, la gestión contractual, los mecanismos de compensación y subsidio, y el impacto sobre la demanda. En consecuencia –puntualiza–, el aumento de esta variable, de forma aislada, no habilita un traslado inmediato y total a la tarifa sin un análisis técnico y financiero riguroso, debidamente sustentado.

Reconoce que de conformidad con el marco normativo vigente, la facultad para fijar las tarifas del transporte público urbano corresponde a los entes territoriales, con base en sus propios análisis técnicos, operativos y financieros. No obstante, advierte, el Ministerio de Transporte cuenta con competencia técnica para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos tarifarios, especialmente cuando estos generan impactos significativos sobre los usuarios y sobre la sostenibilidad del sistema. Esta competencia se ejerce en un contexto en el que la Nación ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal del sistema TransMilenio.

En este marco, afirma, recientemente se aprobó el convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha. Si bien este convenio no se encuentra vinculado de manera directa con la definición de la tarifa ni compromete la operación y el mantenimiento del sistema, sí contempla impactos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), lo que refuerza la necesidad de adoptar decisiones tarifarias técnica y fiscalmente responsables.

En este contexto, precisa finalmente, el Ministerio de Transporte, junto a Superintendencia de Transporte, solicitará a TransMilenio S.A. el desglose detallado del análisis técnico que sustenta el porcentaje de incremento tarifario, incluyendo la diferenciación de los costos asociados al IPC, al salario mínimo y a otros componentes relevantes, con el propósito de emitir un concepto sobre la razonabilidad, proporcionalidad y coherencia del incremento, garantizando la protección del interés general y de los usuarios del sistema.