–El sistema de salud colombiano inicia 2026 en una coyuntura compleja, marcada por una fragilidad financiera persistente, rezagos en la ejecución de recursos clave y un aumento sostenido de las barreras de acceso para los usuarios. Así lo advierte Así Vamos en Salud en su último análisis sobre el estado del sistema correspondiente al cierre de 2025 y el inicio de la nueva vigencia.

Los datos financieros disponibles muestran que el déficit patrimonial del sistema alcanzó los —$15,8 billones, evidenciando un deterioro acelerado frente a años anteriores. A noviembre de 2025, las pérdidas operacionales superaron los $7,3 billones y la siniestralidad global se ubicó por encima del 108 %, confirmando que los ingresos no están cubriendo los costos reales de la atención, especialmente en el régimen contributivo.

Este panorama se ve agravado por la falta de información financiera completa, ya que entidades de gran tamaño como la Nueva EPS no han reportado oportunamente su situación, 10 que limita una lectura integral del riesgo real del sistema.

A lo anterior se suma la insuficiente ejecución y oportunidad del Presupuesto Máximo. Aunque para 2025 se estimó una necesidad cercana a los $4,4 billones, a diciembre solo se habían ordenado para giro $2,4 billones, afectando la liquidez de las EPS y la continuidad en la prestación de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC.

El inicio de 2026 no ofrece un escenario más favorable. EI presupuesto aprobado para la ADRES asciende a $110,7 billones, pero el Presupuesto Máximo arranca eI año con apenas $I billón, muy por debajo de las necesidades observadas en la vigencia anterior.

En paralelo, el incremento de la UPC, fijado en 16,49 96 para el régimen subsidiado y 9,03 % para el contributivo, resulta insuficiente frente a las presiones de costos y las estimaciones de necesidades de recursos, generado un faltante inicial entre $2,7 y $3,1 billones solo en eI régimen contributivo. Déficit que se espera que sea mayor en un escenario inicial que no contemplo un incremento del salario mínimo del 23

El deterioro financiero ya tiene efectos visibles en el acceso. Para finales de 2025 se proyecta un acumulado superior a 2 millones de PQRS, mientras que las tutelas en salud podrían superar las 300 mil, reflejando una creciente insatisfacción ciudadana y mayores dificultades para acceder oportunamente a los servicios.

Así Vamos en Salud advierte que, sin correctivos técnicos oportunos, mayor transparencia en la información y un seguimiento riguroso a la suficiencia de las primas, eI riesgo de profundización del déficit financiero y de las barreras de acceso durante 2026 será aún mayor, con impactos directos sobre la calidad, oportunidad y continuidad de la atención en salud.

A propósito del tema, la Procuraduría General de la Nación anunció este viernes que inició acciones preventivas y de intervención judicial con el objeto de proteger el adecuado flujo de los recursos, por lo que, se está analizando el comportamiento de los pagos a la red prestadora de servicios de salud y estableciendo mecanismos de depuración y conciliación de cuentas.

Informó que tras un ejercicio de diálogo institucional para construir consensos, la Procuraduría para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social sostuvo una reunión con distintos actores del sistema de salud y la Superintendencia Nacional de Salud con el propósito de consolidar una estrategia conjunta que permita proteger los recursos del sector y asegurar la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.

De la misma manera, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, el Ministerio Público adelanta una estrategia procesal con el fin de preservar los capitales del sistema de salud, teniendo en cuenta la inembargabilidad de estos y su destinación específica; así mismo, el análisis del impacto negativo en la operación del sistema.

En consecuencia, a lo anterior, el ente disciplinario reiteró su compromiso con la defensa del interés general, la protección de los recursos públicos y la vigilancia permanente para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.