–El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, reiteró que el orden constitucional es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades, sin excepción, al referirse a la rebelión de 17 gobernadores que anunciaron que no aplicarán las medidas adoptadas en el marco del decreto de emergencia económica.

El jefe de la cartera de Justicia advirtió que ninguna autoridad territorial puede adoptar interpretaciones unilaterales ni atribuirse competencias que corresponden de manera exclusiva a la Corte Constitucional.

“El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar», afirmó el jefe de la cartera, al señalar que las actuaciones administrativas que desconozcan la Constitución darán lugar a las acciones jurídicas correspondientes por parte del Gobierno nacional.

El ministro Idárraga fue enfático en señalar que ninguna autoridad territorial puede obstaculizar la ejecución de medidas dictadas bajo un estado de emergencia debidamente declarado, ni intervenir indebidamente en decisiones administrativas orientadas a su implementación conforme a la ley.

“El respeto por la Constitución no es opcional. El Gobierno seguirá actuando dentro de la Constitución y la hará valer en todos los escenarios que sean necesarios», concluyó el alto funcionario.

El ministro de Justicia, afirmó que el decreto de emergencia económica se tiene que aplicar y notificó que desde el Gobierno se desprenderán las acciones jurídicas necesarias para quienes lleven a cabo acciones administrativas desacatando la medida.

#ATENCIÓN | El ministro de Justicia (e), @Aidarragaf, confirmó que el decreto de emergencia económica se tiene que aplicar y desde el Gobierno del presidente @petrogustavo se desprenderán las acciones jurídicas necesarias para quienes lleven a cabo acciones administrativas… pic.twitter.com/vmPQ5SNQbn

— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 15, 2026

?El Ministerio de Justicia y del Derecho reiteró que el Gobierno nacional actuará por las vías institucionales y legales para garantizar el respeto a la Constitución, la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las decisiones adoptadas conforme al ordenamiento constitucional.