–En el marco del Día Internacional de la Educación, cumplido este fin de semana, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado y a la sociedad para fortalecer la educación como derecho fundamental, con acciones que garanticen el acceso, la calidad y la permanencia en condiciones de igualdad y sin discriminación a todas las personas en Colombia.

Advirtió que la educación no se limita al acceso a una institución educativa, comprende cuatro dimensiones interdependientes: disponibilidad, que asegura la existencia de instituciones y programas suficientes; accesibilidad, que garantiza el acceso sin discriminación ni barreras económicas o geográficas; aceptabilidad, que exige calidad y pertinencia cultural, y adaptabilidad, que responde a las necesidades de contextos y poblaciones diversas. Estas dimensiones deben ser garantizadas priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Entre 2021 y 2024, el resultado promedio del Examen Saber 11° pasó de 250 a 260 puntos, superando los niveles de prepandemia (258 en 2018 y 253 en 2019). No obstante, y de acuerdo con el informe nacional de resultados de esa prueba académica del 2024 (Icfes), persisten brechas territoriales, socioeconómicas y poblacionales:

Zona urbana: 265 puntos
Zona rural: 235 puntos

Sector no oficial (calendario A): 290 puntos
Sector oficial (calendario A): 252 puntos

Hombres: 265 puntos
Mujeres: 256 puntos

En los departamentos del Chocó, Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas y La Guajira concurren altos niveles de pobreza y bajo desempeño académico, en contraste con los resultados que obtienen los estudiantes en Bogotá, Quindío y Santander, que muestran los promedios más altos. Lo que está ocurriendo exige a la institucionalidad mayores esfuerzos para la integración de esos territorios.

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane (2023), la tasa de analfabetismo en población mayor de 15 años fue del 3 % en zonas urbanas, mientras que en zonas rurales alcanzó el 10,4 %, más de tres veces superior. En los 160 municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), la tasa promedio de analfabetismo fue del 14,9 %, lo cual evidencia rezagos históricos que requieren atención prioritaria.

El conflicto armado continúa afectando gravemente a las comunidades educativas en zonas rurales. En 2024, la Defensoría del Pueblo registró 89 afectaciones a instituciones educativas en 28 municipios de Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Santander.

En 61 casos, docentes y directivos fueron amenazados y forzados a desplazarse, y en 22 casos, las escuelas quedaron en medio de enfrentamientos armados. Entre 2020 y 2024, los casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes aumentaron de 96 a 533, una cifra alarmante que exige respuestas urgentes y coordinadas.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es un componente esencial para garantizar la permanencia en el sistema educativo y prevenir la deserción escolar. En los últimos años, Colombia alcanzó una cobertura superior al 80 % de estudiantes en el sector oficial, con una inversión de 2,47 billones de pesos en 2025 (28 % superior al 2022 cuando fue de $1,93 billones), de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

El reto es asegurar el PAE en una política pública sostenible, dándole continuidad y financiación a largo plazo y articulando la permanencia escolar con nutrición y hábitos saludables para niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría destaca la aprobación, en diciembre pasado, de la reforma a la Ley 30 de 1992, que fortalece la financiación de la educación superior pública mediante la adopción del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y la creación de una base presupuestal para instituciones que no la tenían.

Este avance, como punto a resaltar por la entidad nacional de derechos humanos, contribuye a cerrar brechas históricas, especialmente entre grupos sociales no integrados a la educación superior.

También destaca los avances en la inversión pública destinada al sector educación, pues favorece la garantía progresiva de este derecho.

El presupuesto total del sector ha crecido de manera sostenida entre 2021 y 2026 en el país, ya que pasó de $48 billones en 2021 a $88 billones en la vigencia 2026, de acuerdo con datos oficiales del MEN.

La Defensoría del Pueblo reitera el llamado al Estado a implementar de manera integral las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha insistido en eliminar las disparidades entre zonas rurales y urbanas y en garantizar una educación inclusiva para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

La educación es un motor de transformación social, reducción de la pobreza y construcción de paz. Garantizarla como derecho fundamental es una responsabilidad colectiva impostergable.