–La Corte Constitucional requirió al Gobierno Nacional un informe sobre la situación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), por la destitución de su director Adith Rafael Romero Polanco, declarado insubsistente, salida que, afirma, se suma a la de otras dos directoras en los últimos tres años y a otros nombramientos de directores en encargo.

El pronunciamiento lo hizo a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, conformada por el magistrado Juan Carlos Cortés González y las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez y Natalia Ángel Cabo, quien la preside.

Para la Sala, la reiterada rotación en la dirección de la Unidad constituye un motivo de seria preocupación por el impacto que puede tener en los esfuerzos estatales para garantizar oportunamente los derechos de las víctimas de la violencia y superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 en relación con los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado. Este reciente relevo resulta particularmente inquietante al estar acompañado de denuncias sobre presuntas irregularidades asociadas a la contratación adelantada por la UARIV, conforme lo han informado distintos medios de comunicación, que deben ser investigadas con prontitud y rigor por las entidades competentes.

Los cambios frecuentes en la dirección de la UARIV pueden afectar significativamente la confianza institucional, tanto de las víctimas como de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esta inestabilidad también puede limitar la continuidad de las políticas públicas, planes y programas que se encuentran en curso, dificultar la consolidación de procesos de mediano y largo plazo y debilitar la capacidad de liderazgo y de articulación interinstitucional que exige el adecuado funcionamiento del Sistema.

El país enfrenta crisis humanitarias recurrentes y de alta gravedad, entre ellas la crisis prolongada que afecta desde hace más de un año a la región del Catatumbo. En este escenario, la posible falta de una conducción técnica, estable y sostenida en la entidad llamada a coordinar la atención y la reparación integral de las personas desplazadas, confinadas y afectadas por el conflicto armado puede profundizar las limitaciones del Estado para ofrecer respuestas oportunas, integrales y debidamente articuladas frente a las necesidades urgentes de estas personas, así como de sus familias y comunidades.

La Sala Especial continuará ejerciendo su labor constitucional de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 y a las órdenes impartidas por la Corte, para garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales de la población víctima del desplazamiento forzado. En ese marco, mantendrá su actuación, poniendo en el centro a las víctimas, dando visibilidad a sus realidades y a sus voces en las decisiones públicas, y promoviendo respuestas estatales coordinadas y eficaces por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

De igual manera, la Sala adoptará las medidas requeridas para que la Unidad informe sobre la ejecución y resultados de las políticas públicas, planes y programas a su cargo, y a la vez los mecanismos que aseguren la continuidad operacional frente a los cambios directivos. De otro lado, hace un llamado para que la designación de la nueva persona a cargo de la dirección de la UARIV se realice con el máximo rigor y a la mayor brevedad, atendiendo al papel central que cumple esta entidad en la protección y garantía de los derechos de las víctimas de la violencia.