–El doloroso caso del niño Kevin Acosta, diagnosticado con hemofilia, a quien —según información entregada por su madre— se le habría suspendido la entrega de su tratamiento por parte de la Nueva EPS, recibiendo su última dosis en diciembre de 2025, y quien falleció posteriormente a causa de un sangrado tras una caída en bicicleta, pone de manifiesto la gravedad de la situación que enfrentan hoy cientos de miles de pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas, trasplantados y pacientes con cáncer, entre muchos otros.

Las anteriores precisiones las hacen las organizaciones médicas del país en un comunicado conjunto en el cual reiteran sus denuncias «sobre la grave situación que sufren pacientes, médicos y personal de la salud por cuenta de la crisis Humanitaria que está cobrando vidas de personas inocentes en el territorio nacional».

Más allá de las cifras que hemos conocido de aumento de PQR, tutelas, desacatos y denuncias, que no son escuchadas y a las que no se les da respuesta ni solución, está en juego la salud y la vida de cada ser humano, subrayan.

«Saludamos y nos unimos al dolor de la madre y demás familiares de Kevin, y rechazamos las palabras del señor Ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, y del señor Presidente Gustavo Petro, por considerar que resultan profundamente lesivas para la madre de Kevin en medio de su dolor y para todos los pacientes que hoy luchan por acceder a sus medicamentos y tratamientos y no son escuchados», afirman.

De igual manera, rechazan la difusión pública de información relacionada con la historia clínica del menor por parte de la Nueva EPS, de altos funcionarios del Gobierno e incluso de algunos medios de comunicación, pues se trata de datos sensibles protegidos por la ley, cuya titularidad corresponde al paciente y, en el caso de un menor de edad, requieren autorización expresa de su representante legal para cualquier divulgación. La instrumentalización de información clínica en medio de un debate público no solo vulnera derechos fundamentales, sino que profundiza el dolor de la familia en un momento de especial vulnerabilidad.

Afirman que además del sufrimiento de pacientes y familiares, el personal médico y de trabajadores de salud hoy, está ejerciendo su labor en medio de un panorama de incertidumbre, formulando a sus pacientes a sabiendas de que muchos de ellos no pueden cumplir con el tratamiento por falta de medicamentos, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Por lo anterior exponen ante la opinión pública:

1. El sistema de salud en Colombia se encuentra en una situación de Crisis humanitaria en la cual los derechos humanos a la salud y a la vida de miles de pacientes están en riesgo.

2. Los pacientes de enfermedades crónicas, raras, huérfanas y pacientes con cáncer que están sin tratamiento completo y oportuno se encuentran en riesgo inminente de deterioro de salud y en algunos casos de muerte.

3. Lo anterior está documentado en el número de PQRS y Tutelas que en el 2025 llegó a casi 2.000.000 y 300.000 tutelas presentadas en el año 2025 con un incremento de más de 30% con respecto al año anterior.

4. La grave situación financiera de la Nueva EPS, bajo el manejo y control del Gobierno desde hace dos años, según lo informado por la Contraloría General de la República acusa un importante incremento en la cartera, en los tiempos de pago, anticipos sin legalizar, facturas sin procesar y afectación negativa de patrimonio lo que afecta el pago, contratación y dispensación de medicamentos e insumos a esta EPS.

5. Las anteriores situaciones han derivado en el cierre de casi más de 9.000 servicios, sedes, IPS, Hospitales y clínicas entre el año 2024 y 2025 en todo el país, disminuyendo la oferta de servicios de salud para atender a los enfermos y el trabajo de los profesionales médicos y trabajadores que son despedidos, pese a que sus servicios son necesarios para atender a los pacientes.

6. EL Talento humano en salud hoy pasa por una situación crítica, muchas IPS (clínicas y hospitales) les adeudan entre 3 y 4 meses de pago de honorarios, sin incremento en los ingresos para el año 2025 y con extensas jornadas de trabajo en medio de la incertidumbre.

El Gobierno Nacional no solamente ha hecho caso omiso a las órdenes emitidas por la Honorable Corte Constitucional, a las sentencias de Tutelas y desacatos, a las voces de los actores del sistema y de los llamados de los organismos de control, sino que se ha dedicado a culpar a los diferentes actores del sistema de salud uno a uno hasta llegar ahora a culpar al más débil, el paciente y su familia, sin establecer planes ni medidas para proteger la salud y la Vida de los enfermos hoy sin medicamentos y en riesgo.

En medio de este grave panorama se han venido denunciando hechos que podrían involucrar el uso indebido de los recursos de la salud, manejos opacos en instituciones bajo el control del Gobierno Nacional y conflictos de interés, entre otros, hechos que deben ser investigados y llevados hasta las últimas consecuencias al unísono con todos los presuntos hechos de corrupción que involucren recursos públicos de la salud.

Por todo lo anterior exigimos:

1. Al presidente Gustavo Petro y al Ministro de Salud que rectifiquen públicamente sus declaraciones y ofrezcan una disculpa a la madre de Kevin Acosta y a todos los pacientes y familias afectados por esta crisis humanitaria de la salud.

El respeto irrestricto por la confidencialidad de la historia clínica y por la protección de los datos sensibles en salud. Exigimos que la información médica de los pacientes no sea utilizada ni divulgada en escenarios públicos sin autorización expresa del titular o de su representante legal, especialmente cuando se trate de menores de edad.

El establecimiento inmediato de un plan de Choque con medidas concretas y verificables para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos y tratamientos, el saneamiento financiero en el sistema, la protección de la infraestructura en salud y condiciones de ejercicio digno para el talento humano en salud, frente al cual reiteramos nuestra disposición para aportar técnicamente en su construcción e implementación.

El cumplimiento de las ordenes emiHdas por la Corte Constitucional, los demás órganos de justicia y las entidades de vigilancia y control por parte del Ministerio de salud.

La actuación pronta y contundente de los organismos de vigilancia y control, de la Fiscalía General de la República V demás autoridades competentes, para investigar, esclarecer y sancionar, si a ello hubiere lugar, los presuntos hechos de corrupción y las conductas que hayan contribuido al deterioro del sistema de salud.

A la defensoría del pueblo y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos para que se establezca la calidad de victimas del sistema de salud y se establezca la verdad, la justicia y se proteja de inmediato la salud y la vida de los pacientes.

Que el Congreso de la República, en ejercicio de sus funciones de control político, adelante las actuaciones correspondientes para evaluar la gestión del Ministro de Salud y establecer, si a ello hubiere lugar, las responsabilidades y sanciones que procedan.

A todos los pacientes, los médicos y todos los actores del sector, a los congresistas, periodistas y población general para que nos reunamos el próximo viernes 20 de febrero a las 7 de la noche alrededor de una luz, en el lugar en el que nos encontremos, para hacer un minuto de silencio por Kevin y por todas las víctimas de esta crisis y subamos las imágenes a nuestras redes sociales.

Firmado el 18 de febrero de 2026 por:

Dr. Agamenon Quintero- Presidente Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
Dr. Enrique Villamizar- Presidente Federación nacional Prestadores Servicios de salud
Dr. Jorgenrique Enciso — Presidente FECOLMED
Dr. Mauricio Echeverri D — Presidente Assosalud
Dra. Olga Herrera — Presidenta Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E.
Dr. Juan Guardo — Presidente Sindicato de Médicos y odontólogos de Bogotá SIMO D. C
Dr. Diocel Lancheros — Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia SICOLPED
Dra. Sofía Bedoya — Presidenta Colegio Médico del Cauca
Dr. Jorge Quintero — presidente Colegio Médico Antioquia
Dr. Fabio Bolivar — Presidente Colegio Médico Santander
Dra. Clemencia Mayorga — Presidenta Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá
Dr. Roberto Diaz — Sintrauma
Dr. Jaime Cuervo — Asmedas Cundinamarca
Dr. Alonso Marrugo — Presidente Asintraf
Denis Honorio Silva Sedano — Director Asociación Colombia saludable Vocero pacientes Colombia

Comunicado de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología

? Tenemos un comunicado importante pic.twitter.com/U4tUYjQiEI

— Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (@achoHematoYOnco) February 18, 2026

De otro lado, más de 200 organizaciones de pacientes en Colombia y un grupo de abogados, notificaron que han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial (artículo 454 del Código Penal) y otras conductas punibles que se determinen en el curso de la investigación.

La denuncia sostiene que el ministro habría incumplido de forma consciente, reiterada y material varias órdenes de la Corte Constitucional en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento, particularmente en 10 relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos con los que se financian servicios y tecnologías sanitarias no cubiertas por la UPC.

Según el escrito, estas omisiones y decisiones administrativas han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios.

En él se señala que, a pesar de las advertencias explícitas de la Corte Constitucional en los autos 2881 de 2023, 2049 de 2024, 007 de 2025, 504 de 2025 y 2049 de 2025, el Ministerio de Salud habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado, como no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y establecer el valor de la UPC basándose en la inflación en lugar de en estudios técnicos completos. La Corte ha calificado estos comportamientos como incumplimientos generales en materia de
suficiencia financiera del sistema.

La denuncia también advierte que las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC se habrían utilizado como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones ya predeterminadas por el Minsalud.

Organizaciones de pacientes, gremios y otros actores del sistema han denunciado públicamente que se ignoraron sus aportaciones técnicas, que no se garantizó una participación efectiva y que, incluso, voceros del ministerio manifestaron en dichas mesas la decisión de no cumplir plenamente las órdenes judiciales.

«Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país, consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces.