–En desarrollo de una auditoria, la Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $8.839 millones, en la administración de los bienes y sociedades con extinción de dominio a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias de 2023, 2024 y primer semestre de 2025.

En total, el organismo de control reportó 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria.

Según el reporte, se identificaron deficiencias en la administración de bienes y en la ejecución de los procedimientos de desalojos; insuficiencia de controles en los mecanismos de seguimiento a los depositarios, y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas involucradas en los procesos misionales.

Además, el ente de control señaló que evidenció la omisión en la aplicación de normas y procedimientos internos y el incumplimiento sistemático de los lineamientos establecidos para la ejecución de desalojos de inmuebles, la elaboración de estimados de renta, los procesos de comercialización y los procedimientos de rendición de cuentas.

Se identificaron deficiencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento de los inmuebles y falta de control y seguimiento a las funciones de los depositarios.

El análisis permitió identificar contratos que estaban vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, aplicación de descuentos improcedentes, y falta de control sobre reparaciones y obligaciones del arrendatario.

También se percibieron deficiencias en los mecanismos de evaluación, seguimiento y control a cargo de la oficina de control interno y en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización de vehículos, evidenciando la pérdida de valor. Además, se identificó que estos vehículos están almacenados en patios por periodos superiores a seis años, generando costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025.

La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por las SAE para eliminar las causas que originaron los hallazgos, así como se realizará seguimiento al plan de mejoramiento que debe incorporar la entidad con acciones y metas de carácter correctivo o preventivo dirigidas a corregir las causas administrativas que originaron los hallazgos identificados por el ente de control.