–Como consecuencia de la intensificación de la confrontación armada que comenzó en enero del 2025 en la subregión Catatumbo, la cual derivó una grave crisis humanitaria con múltiples vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 006 de 2026 para los municipios de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander) y Río de Oro y González (Cesar).

La ATI se fundamenta en tres dinámicas de disputa: la primera, posibles reconfiguraciones y alianzas para hacer incursiones territoriales debido al recrudecimiento de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 (articuladas al autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF). Las alianzas serían entre el Frente 33 y la estructura criminal ‘Pelusos’.

Una segunda dinámica obedece a la expansión de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el riesgo de confrontación con el Eln. Esta expansión sería hacia el sur del Cesar, su avance hacia Ocaña y Río de Oro, buscando controlar corredores estratégicos, como la Ruta del Sol, y rentas de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.

La tercera dinámica está relacionada con la posible urbanización de la confrontación violenta entre las ACSN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en zonas limítrofes entre Ocaña y Río de Oro, específicamente en el corregimiento Agua de La Virgen.

Sitios advertidos en la ATI

Con base en el análisis en terreno hecho por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Defensoría del Pueblo, el riesgo para las comunidades de los corregimientos Cerro de las Flores, Quebrada La Esperanza, La Floresta, Aguas Claras, Agua de La Virgen, Buena Vista, Mariquita, Otaré y La Ermita, del municipio de Ocaña; en su casco urbano, para las comunas 1, 5 y 6. Para Ábrego, el riesgo es para la cabecera urbana y sus corregimientos La Unión Campesina, Capitán Largo, Playoncitos y La Paz.

En Río de Oro, para su casco municipal y los corregimientos El Salobre, El Gitano, Sani?n Villa, Los A?ngeles, Montecitos, Centro Poblado El Marque?s, Once Reces, Cruce de Patin?o y Diego Herna?ndez. Y en el municipio de González, el riesgo es para su cabecera urbana.

Graves consecuencias humanitarias

Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil mediante controles en vías secundarias, retenes ilegales, requisas y la imposición de ‘normas de conducta’.

Además, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), documentó una preocupante estigmatización digital contra lideresas sociales y mujeres, a quienes las han señalado en redes sociales como colaboradoras de bandos contrarios; la finalidad: restringir su participación en política.

Adicionalmente, ha documentado graves infracciones al DIH que incluyen el uso de métodos de guerra prohibidos, como drones acondicionados con artefactos explosivos en los sectores Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza (Ocaña), causando daños a bienes civiles y terror en la comunidad. También ha registrado el uso de vehículos con explosivos, como el atentado contra el Batallón de Infantería 15 en Ocaña, y la instalación de artefactos explosivos en vías nacionales que comunican a Ocaña con Ábrego y Cúcuta.

Durante el 2025, Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses del 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión Catatumbo.

Riesgo para grupos poblacionales

Niñas, niños y adolescentes (NNA), expuestos al reclutamiento forzado, uso ilícito y violencia sexual, como el caso documentado en el corregimiento Los Ángeles (Río de Oro). Mujeres y lideresas, víctimas de persecución, amenazas digitales y violencia basada en género en medio de la disputa territorial.

Actores económicos, como comerciantes, ganaderos y transportadores, que enfrentan un riesgo permanente de secuestro y extorsión para el financiamiento de las estructuras armadas. Personas firmantes del Acuerdo de Paz, pues han sufrido afectaciones graves y reiteradas durante la escalada de la confrontación.

Recomendaciones orientadas a la protección de la población civil

Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formula en su ATI 006 de 2026 un total de 14 recomendaciones urgentes al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Protección (UNP), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), gobernaciones de Norte de Santander y Cesar, alcaldías de los cuatro municipios en riesgo, entre otros entes.

Las recomendaciones están orientadas a impulsar una respuesta rápida en disuasión de la amenaza, protección de poblaciones vulnerables, investigación judicial de homicidios y secuestros y atención humanitaria integral para desplazadas y desplazados. Las autoridades deben implementar estas medidas bajo una perspectiva de seguridad humana y estricto respeto a los derechos humanos.